Sevilla.- La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso de los presuntos ERE irregulares, ha admitido la personación como acusación en la causa de la Junta de Andalucía, lo que le permitirá al Gobierno andaluz exigir "responsabilidades civiles y penales".
Así lo ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que ha dicho que esto va a permitir exigir responsabilidades civiles y penales porque la Junta "es una de las principales perjudicadas en este caso".
Además, Moreno ha anunciado que el Gobierno regional va a iniciar "en breve" un procedimiento por el cual se dejarán de pagar las prejubilaciones "falsas o fraudulentas" y han insistido en que la Junta "ha denunciado y destapado" a algunos de los presuntos culpables y que su objetivo es "recuperar" el dinero.
Sobre la próxima imputación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, comunicada por la juez Mercedes Alaya, la consejera de la Presidencia ha mostrado su "respeto" tanto por la decisión judicial como por la presunción de inocencia, y ha asegurado que la Junta "desea que Fernández demuestre su inocencia y, cuando llegue el momento, el Gobierno adoptará un pronunciamiento".
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