La Junta CyL reclama al Estado más de 600 millones del Fondo de Suficiencia

Valladolid, 15 may.- La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la liquidación del modelo de financiación autonómica del ejercicio 2009, que sirve de base para los siguientes, por lo que demanda al menos 600 millones de euros.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha reconocido hoy en una rueda de prensa que se trata de una demanda "muy importante", ya que aunque inicialmente la demanda se refiere a la liquidación de 2009, por un importe de algo más de 200 millones de euros, la aceptación del tribunal de la demanda de la Junta supondría que esta cantidad se sumaría a las liquidaciones de los años sucesivos, hasta acumular 600 millones entre 2009 y 2011.

Del Olmo ha recordado que este recurso es "coherente" con el que se planteó el pasado año ante el Tribunal Constitucional para denunciar el supuesto incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al considerar que el Gobierno central debía haber transferido a Castilla y León 724 millones de euros más de lo recibido por el modelo de financiación autonómica.

El argumento utilizado ahora por la Junta de Castilla y León en su recurso ante el TSJ madrileño se basa en el principio de que la cantidad recibida por una autonomía en concepto de Fondo de Suficiencia no puede minorarse cuando se cambie el modelo de financiación.

Según los cálculos de la Administración autonómica, esto es precisamente lo que ocurrió en 2009, cuando se aprobó el modelo de financiación actual, ya que por aquel entonces y con el ejercicio 2007 como referencia, la Comunidad recibió 1.285 millones del Fondo de Suficiencia, mientras que la primera liquidación del nuevo modelo (2009) ha resultado con 1.084 millones para ese concepto, unos 200 millones menos.

Del Olmo ha defendido que una resolución favorable para sus intereses repercutirá en una mejor financiación de los servicios esenciales que presta la autonomía y, aunque ha argumentado que desconoce si su recurso será imitado por otras autonomías, ha restado importancia a la repercusión que pudiera tener para las arcas estatales.