La Junta de CyL acudirá al Constitucional porque "no se fía del Gobierno"

Valladolid, 15 sep.- La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad para reclamar al Gobierno 724 millones de euros porque "no se fía" de los guiños del Ejecutivo sobre el posible abono de una parte de esta cantidad, 211 millones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se ha referido así a la "cierta luz" que el pasado martes dio el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, a la posibilidad de que el Gobierno libere de aquí a final de año esos 211 millones de euros correspondientes al Fondo de Cooperación.

Pero la Junta de Castilla y León ya había anunciado que interpondría el recurso de inconstitucionalidad para reclamar estos fondos antes del 23 de septiembre, que es el límite legal que tiene para presentarlo.

Para De Santiago-Juárez, el secretario de Estado de Hacienda, en su reunión con la consejera del ramo, Pilar del Olmo, arrojó "un poco de luz", pero sólo se refirió a los 211 millones, y la Junta de Castilla y León "no se fía de este Gobierno", por lo que presentará el recurso antes de que se pase el plazo establecido.

"Ojalá esa luz tenue se convierta en una luz mucho más nítida y transfiera a los ciudadanos de Castilla y León lo que es suyo", ha resumido el portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha remarcado que la decisión de presentar el recurso de inconstitucionalidad se plantea tras "agotar la vía de negociación con el Gobierno".

La línea argumental del recurso de la Junta de Castilla y León se basará en que ese "recorte" de fondos de 724 millones "rompe el equilibrio de las cuentas regionales y viola los principios de suficiencia, solidaridad y autonomía política y financiera previstos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

Para los letrados de la Junta, estas circunstancias suponen una "grave vulneración" de varios artículos de la Constitución que garantizan un "equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español".

Además, consideran que se va en contra de los artículos 83 y 84 del Estatuto de Autonomía, que establecen que la comunidad "dispondrá de los recursos suficientes para atender de forma estable y permanente la gestión y el desarrollo de sus competencias".