La Junta defiende la gestión en Invercaria que el PP tilda de "fraudulenta"

Sevilla, 14 jun.- El Gobierno andaluz ha defendido a la empresa pública Invercaria, que será investigada por la Fiscalía Anticorrupción, mientras el PP ha reclamado una comisión de investigación en el Parlamento ante lo que ha definido como un "escándalo y una fraudulenta" gestión.

El diputado del PP-A, Rafael Salas, ha exigido hoy en el pleno del Parlamento andaluz explicaciones al consejero de Economía, Innovación y Empleo, Antonio Ávila, sobre la gestión de esta empresa pública, de la que ha dicho que es "pésima y fraudulenta".

El popular ha criticado al consejero que haya "presumido de eficacia y transparencia" cuando la Justicia, la Fiscalía y la Cámara de Cuentas están investigando lo que ha calificado como un "segundo fondo de reptiles".

También ha aludido a una pérdida de 30 millones, a la "ausencia" de control y a que Invercaria ha sido "excluida" de la vigilancia de la Intervención General de la Junta.

Ávila ha replicado que Invercaria es un empresa de capital riesgo que actúa con los "procedimientos y la transparencia debidas", a lo que ha sumado que ha sido auditada por auditores externos y que sus fondos están sometidos al control de la Comisión Nacional Valores.

Además, ha recordado que la Junta "apoya" cualquier proyecto que genere empleo y que Invercaria lo ha hecho con su respaldo a más de 270 proyectos que han creado unos 3.000 empleos.

La Justicia mantiene abiertas diligencias por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y coacciones para aclarar los criterios de reparto de subvenciones de Invercaria, estudiar presuntos desvíos de fondos y analizar la sujeción de la empresa a los controles de la intervención.

Estas diligencias fueron abiertas por la Fiscalía ante el informe de la Cámara de Cuentas sobre Invercaria en el ejercicio de 2009, donde denunció hechos como la falta de manual de inversiones, de normas de contratación y el hecho de que tres trabajadores no prestaban sus servicios de forma justificada, con un coste total de 161.861 euros.

El 15 de mayo pasado, el exdirectivo de Invercaria Cristóbal Cantos declaró como testigo ante el juez de instrucción 16 y confirmó tanto las presuntas irregularidades en la gestión como las coacciones sufridas por él mismo para que elaborase informes falsos sobre las empresas en las que invertía la empresa.