La ley que da al fiscal la investigación llega el viernes a Consejo Ministros

Madrid, 20 jul.- El Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará previsiblemente el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que supondrá que el fiscal, y no el juez de instrucción como hasta ahora, dirigirá la investigación en el proceso penal, han informado fuentes del Gobierno.

El borrador de esta reforma, en la que el Ministerio de Justicia, lleva trabajando durante meses incluía también entre sus novedades la clarificación de la figura del imputado, que en la nueva ley pasaría a llamarse "investigado" con el fin de reforzar los derechos y garantías de los ciudadanos en el proceso judicial y evitar "instrucciones generales".

Así lo reconocía el propio titular de Justicia, Francisco Caamaño, el pasado 5 de julio, cuando ya avanzó que el borrador de la reforma estaba en fase de "deliberación final" y mostró su confianza en que pudiera llegar al Parlamento cuanto antes, aunque puso por delante la búsqueda de consenso entre las fuerzas políticas.

El texto que el viernes tendrá sobre su mesa el Consejo de Ministros supone una reforma integral de la LECrim, que data de 1882, y que ha sufrido ya 65 modificaciones, 47 de ellas posteriores a la Constitución.

Además de dejar la investigación en manos del fiscal también se refuerza la posición de los jueces como "garantes" del proceso penal, al establecer un juez de garantías, un juez de control en la audiencia preliminar y, por último, el juez que juzgará en el juicio.

De esta forma, los representantes del Ministerio Público podrán poner fin a un procedimiento en el momento en el que no se acrediten indicios de delito y serán los encargados de dirigir las labores de investigación de la policía judicial, tarea que hasta ahora correspondía a los jueces.

La limitación de la autorización de escuchas telefónicas sólo para investigaciones de delitos penados con más de cinco años de cárcel y la restricción del ejercicio de la acusación popular para que no pueda por si sola iniciar un proceso penal cuando el fiscal o las víctimas consideren que no hay delito son otras de las modificaciones en las que ha estado trabajando el Ejecutivo.

Con este proyecto el Gobierno pretende responder a la necesidad de establecer en nuestro país un proceso penal similar al que existe en otras democracias de nuestro entorno.

No obstante, es difícil que la reforma pueda ver la luz antes de que acabe la actual legislatura, ya que tras la presentación el viernes del anteproyecto, el Gobierno tendría que aprobar el proyecto de ley para remitirlo al Congreso y sería entonces cuando comenzaría su tramitación parlamentaria y la negociación de los grupos políticos.

Se trata de un proyecto reclamado durante años por la Fiscalía que considera que es "la reforma más necesaria para el Ministerio Público" y "la obra legislativa más relevante para la necesaria modernización de la Justicia española".

Así lo destacó el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta semana en la toma de posesión como fiscal de sala del Tribunal Supremo de Pedro Crespo, uno de los miembros de la Comisión Redactora para la reforma de la LECrim.

La reforma comenzó a gestarse durante la etapa de Mariano Fernández Bermejo en el Ministerio de Justicia, y finalmente un grupo de trabajo, en el que también ha participado Crespo concluyó hace unas semanas el texto definitivo tras siete meses de trabajo.