La ONU insta a Bangladesh a no ejecutar a 152 paramilitares

Ginebra, 6 nov.- La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, instó hoy al Gobierno de Bangladesh a no seguir adelante con la condena a muerte de 152 acusados de asesinato durante el motín de la guardia especial de fronteras (BDR) ocurrido en 2009 en Bangladesh y en el que murieron 74 personas.

En el juicio se "incumplieron las normas internacionales de derechos humanos", dijo Pillay.

Para ese proceso se creó un tribunal especial en Bangladesh que procesó a 850 personas -161 de ellas condenadas a cadena perpetua-, informó hoy la oficina de la Alta Comisionada en un comunicado.

El juicio se centró en los delitos cometidos durante el motín de febrero de 2009 en Dhaka, en el que 74 personas fueron asesinadas, entre las que había oficiales del ejército y mujeres víctimas de violaciones.

Pillay calificó estos crímenes perpetrados durante el motín como "condenables y odiosos", y expresó sus "condolencias" a las familias de las víctimas.

"La justicia no se alcanza mediante juicios en masa, tortura a detenidos y sentencias a muerte que no cumplen las normas fundamentales de un juicio justo", precisó.

Según informes del Alto Comisionado, un gran número de detenidos por su presunta participación en el motín murió en prisión y existen denuncias de confesiones obtenidas bajo tortura que fueron admitidas en los juicios.

"La declaración de culpabilidad y la condena de cada uno de los sospechosos deben ser revisados de forma individual, y cualquier prueba obtenida mediante tortura no debe ser admitida", afirmó Pillay.

Por este motivo, la Alta Comisionada pidió una investigación independiente sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos, la tortura y muertes de detenidos que tuvieron lugar después del motín.

"Los resultados de la investigación deben hacerse públicos y los responsables deben rendir cuentas", según Pillay.

Además, señaló que tras haber ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura, Bangladesh "tiene la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole para impedir actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción".