La operación se enmarca en las diligencias abiertas en 2007 bajo secreto de sumario

  • Alicante.- El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha informado hoy de que la operación policial desarrollada ayer en instituciones públicas de Alicante y Orihuela se enmarca en unas diligencias previas que, desde marzo de 2007, se hallan bajo secreto sumarial.

Ripoll sigue sujeto a la causa y declarará como imputado ante el juez
Ripoll sigue sujeto a la causa y declarará como imputado ante el juez

Alicante.- El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha informado hoy de que la operación policial desarrollada ayer en instituciones públicas de Alicante y Orihuela se enmarca en unas diligencias previas que, desde marzo de 2007, se hallan bajo secreto sumarial.

La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela y la fiscalía anticorrupción, se ha saldado, por el momento, con once detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, quien, tras comparecer ante la Comisaría Provincial, quedó en libertad.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han explicado, a través de un comunicado, que la instrucción de la diligencias ha sido asumida desde marzo de 2007 por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional.

El actual magistrado asumió la causa, tras su incorporación al Juzgado de Orihuela, a finales del pasado mes de febrero, por lo que la causa contaba ya con casi tres años de investigación bajo secreto decretado por otros instructores.

Las mismas fuentes han advertido a los medios de comunicación de que el Magistrado titular del Juzgado que instruye la causa "no hará ninguna alusión siquiera sucinta de los hechos, delitos ni personas físicas o jurídicas a los que se refiera la investigación".

Por ello, el Juzgado de Orihuela ha subrayado que no ha dado orden alguna de autorización a la Oficina Judicial, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial, para proporcionar información sobre estas actuaciones ante el "evidente riesgo" de desvirtuar el secreto del sumario.

Además, según han remarcado, "por el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucionales y legalmente establecidas, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones".

Por lo que respecta a posibles cargos, fuentes del TSJCV han manifestado que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aun tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", ya que los arrestos de ayer forman parte de una actuación policial previa a la que pueda derivarse posteriormente en el juzgado.

Del mismo modo, "no se ha acordado la citación judicial ni la imputación judicial respecto de ninguna de las personas", salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial.

Aunque estas fuentes no han precisado qué tipo de actuación se llevó a cabo en esa fecha, a raíz de las diligencias abiertas dos meses antes, el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, ha expuesto que las detenciones de ayer se enmarcan en la operación "Brugal", cuya investigación comenzó en 2007 por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Orihuela.

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