La oposición acusa a gallardón de hacer una “justicia business” y otra “de beneficencia”

Los grupos de la oposición mostraron hoy su rechazo en el Congreso al Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del Gobierno, que este martes fue sometido al debate de enmiendas de totalidad.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió que la iniciativa legislativa de su departamento aumenta la solidaridad, puesto que extiende la posibilidad de disfrutar de abogado de oficio a colectivos “especialmente vulnerables”, como maltratadas y víctimas del terrorismo, al tiempo que se elevan los umbrales de renta. Esto supone que los ciudadanos que ganan hasta 32.000 euros podrán recibir esta asistencia jurídica a cargo del Estado.
Sin embargo, este planteamiento fue rechazado por PSOE, IU, UPyD, ERC y Grupo Mixto, que acusaron a Gallardón de llevar a cabo otro recorte social más con esta iniciativa legislativa.
Así, Gabriel Echávarri, del PSOE, sostuvo que, lejos de garantizar una mayor solidaridad en la sociedad española, como argumenta el ministro, la reforma de la justicia gratuita que promueve el Ejecutivo es un “gran engaño”.
“PARA UN GRAN DESPACHO”
Según este diputado del primer partido de la oposición, el “gran objetivo” de esta modificación legal es “privatizar la justicia gratuita”, que dijo al final el Gabinete de Mariano Rajoy terminará adjudicando a “un gran despacho”.
A su vez, Gaspar Llamazares, en nombre de IU, acusó a Gallardón de promover una “justicia de clase business” para los que tienen dinero y una “justicia de beneficencia” para los que carecen de medios económicos. A su entender, se trata de implantar en España una “justicia de mercado”.
Por su parte, Emilio Olabarria, en nombre del PNV, sostuvo que este Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita constituye una “huida hacia adelante” y puede terminar siendo inconstitucional. Al mismo tiempo, Jordi Jané, de CiU, se mostró dispuesto a negociar con el PP, pero advirtió de que no se pueden invadir competencias de las comunidades autónomas.
Asimismo, Joan Tardà, de ERC, también reprochó a Gallardón su “afán homogeneizador” con esta norma y le advirtió de que cada vez que el Gobierno central siga por un camino “más centralizador” cosechará más rechazo en Cataluña.