La oposición irlandesa aboga por celebrar un referéndum sobre tratado europeo

Dublín, 13 dic.- Los principales partidos de la oposición en Irlanda consideraron hoy que el Gobierno de este país debe convocar un referéndum sobre un nuevo tratado europeo de consolidación de disciplina presupuestaria.

Así se lo comunicaron hoy el Fianna Fail (FF) y el Sinn Fein, tercera y cuarta formación parlamentaria, respectivamente, al primer ministro, el conservador Enda Kenny, durante una reunión con el jefe del Ejecutivo de coalición entre el Fine Gael (FG) y laboristas.

Al encuentro también asistió la diputada independiente Catherine Murphy en representación de esa sección del Parlamento de Dublín (Dáil).

En declaraciones después a los medios, el líder del FF, Michéal Martin, se declaró "sorprendido" por la falta de claridad mostrada por el Gobierno respecto a la posibilidad de se celebre o no una consulta popular.

"El 'Taoiseach' (primer ministro irlandés) y su Gobierno debían de conocer con antelación algunas de las propuestas presentadas en la pasada cumbre. Y teniendo en cuenta la naturaleza de lo que alguna gente quiere incluir en el tratado, creo que no hay otra alternativa que consultar a la población", explicó Martin.

Para el presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, medidas encaminadas a vigilar la política presupuestaria de los países miembros o la imposición de específicos planes de austeridad son cuestiones que afectan a la "constitucionalidad" irlandesa, razón por la que consideró necesario convocar un plebiscito.

En su opinión, el nuevo tratado pretende "proteger a la zona euro y detener el contagio" con el dinero de la ciudadanía, que en el caso de Irlanda estará destinado, entre otras cuestiones, a rescatar a "los tenedores de deuda no garantizada y a los bancos tóxicos".

"¿Y qué recibimos a cambio? Recibimos un acuerdo político sobre el que el propio 'Taoiseach' dice que pretende institucionalizar muchos de estos asuntos", añadió Adams.

La secretaria de Estado irlandesa para Asuntos Europeos, Lucinda Creighton, afirmó hoy que el Gobierno esperará hasta el próximo mes de marzo para decidir si convoca o no una consulta popular.

Para entonces, se espera que la fiscal general del Estado, Máire Whelan, tenga listo un informe al respecto, coincidiendo con el calendario previsto por Bruselas para finalizar también la redacción del texto del tratado.

El Gobierno de Dublín ha hablado estos días de las diferencias entre acuerdos intergubernamentales y tratados de la Unión Europea, que han requerido hasta ahora el apoyo de todos sus miembros.

Si se tratase de un tratado similar a los que actualmente rigen la UE, algunos expertos opinan que la adhesión de Irlanda obligaría a su Gobierno a reformar su Constitución, en cuyo caso debería convocar una consulta popular.

En el pasado, este condicionante legal ha dado serios quebraderos de cabeza a Dublín y Bruselas y ha provocado diversas parálisis.

El electorado irlandés rechazó en 2008 en una consulta popular el Tratado de Lisboa, aunque un año después dio el "sí" a un texto modificado.

Lo mismo sucedió en 2002, cuando los irlandeses aprobaron en las urnas el Tratado de Niza después de haberlo rechazado un año antes.

No obstante, tampoco está claro si el nuevo tratado intergubernamental necesitará una ratificación unánime para prosperar, pero se entiende que un "no" de un país de la zona euro complicaría los esfuerzos para salvar la moneda única.