Encuesta Dym para La Información

La población acepta pagar el impuesto al Patrimonio pero rechaza Sucesiones

El 80,2% de los españoles no quiere pagar al Fisco por heredar o hacer una donación, sobre todo por el agravio comparativo que se produce entre las comunidades que lo tienen bonificado y las que no. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Agencia EFE

El impuesto sobre el Patrimonio, que graba la riqueza de las grandes fortunas del país, y el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se centra en las herencias y los legados en vida, son dos de las figuras que más controversia generan en la sociedad después de cuarenta años de democracia y una vez que, en ambos casos, la capacidad normativa de las comunidades autónomas permite establecer bonificaciones en la cuota a pagar que dejan sin efecto ambos tributos en unos territorios y cargan la presión fiscal en otros. En el análisis de ese agravio comparativo con ambas figuras tributarias, la encuesta de Dym para La Información revela que, mientras un 57,8% de la población está de acuerdo en que haya un impuesto sobre los altos patrimonios, una gran mayoría del 80,2% rechaza de forma categórica la tasa de Sucesiones y Donaciones.

El Impuesto sobre el Patrimonio se creó en los albores de la democracia española por los primeros gobiernos socialistas, para paliar de alguna manera la gran diferencia que había en aquellos años ochenta entre ricos y pobres en España. Nació como un tributo coyuntural, que habría que eliminar a medida que avanzase la redistribución de la renta en nuestro país, pero sigue ahí, salvo un corto periodo de suspensión hace una década, y se ha convertido ahora en un impuesto estructural del modelo español. Según la encuesta de Dym, hay un 32,8% de españoles que lo rechazan y apenas un 9,4% no se decanta por ninguna opción, pero la existencia durante años del tributo hace que esa proporción mayoritaria del 57,8% lo apoye.

En la actualidad, se trata de un tributo que genera algo más de 2.100 millones de euros a las arcas públicas y que tiene un límite exento muy alto para evitar que sea demasiado gravoso, pero hay partes de la doctrina que advierten que es abusivo pagar por un patrimonio en la actualidad, cuando la mayor parte del dinero o la riqueza que se acumula se ha obtenido a partir del trabajo y la actividad económica de las personas y ya ha pagado los correspondientes tributos durante su generación. Evidentemente, los partidos de la izquierda, como PSOE y UP dan su apoyo mayoritario a que se mantenga el impuesto, mientras que la derecha del PP y Vox lo rechaza, con el dato curioso de que en Ciudadanos la mitad de los votantes están de acuerdo y un 43% lo rechazan.

Heredar es más caro según donde se muera

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones la percepción que tienen los ciudadanos en la encuesta de Dym es distinta a Patrimonio, a pesar de que ambos tributos tienen la misma finalidad de equilibrar las rentas de los que más tienen frente a los que menos ingresan. Hay un 80,2% de la población que está en contra de la existencia de este tributo, que al igual que el anterior, se centra sobre un patrimonio que se hereda o que se dona, pero cuya consecución en la mayor parte de los casos ya ha tributado a la hora de ser generada.

Más que esta razón técnica, que siempre será contrarrestada por la necesidad de redistribuir la renta con fin último de la actividad económica, el rechazo social que genera se centra en los agravios comparativos entre comunidades autónomas. Por ejemplo, heredar en Madrid está bonificado a un 99% en la cuota (igual que Patrimonio), pero hacerlo en cualquiera de las provincias de Castilla-La Mancha que rodean a la capital supone pagar una tarifa alta, que se calcula en virtud del patrimonio previo que tenga quien se va a lleva la herencia. Si se es más rico, más se paga por Sucesiones y Donaciones.

Apenas un 14% de los encuestados está de acuerdo en que este tributo siga existiendo, mientras que solo un 5,9% no sabe o no contesta, una proporción baja cuando se pregunta por este tipo de cuestiones técnicas. Hay que advertir que las bonificaciones a este impuesto, como al anterior, las hacen los gobiernos autonómicos con normas adicionales, a sabiendas de que toda la capacidad normativa para cambiar su regulación básica corresponde únicamente al Estado, que es el único que puede quitar o poner tributos en España.

Curiosamente, el rechazo al impuesto de Sucesiones es mayoritario (entre el 66% y el 91%) en los votantes de todo el espectro político, de izquierdas o de derechas, si bien el apoyo es más fuerte en el caso de las formaciones de izquierdas, aunque se queda en el 33% en Unidas Podemos y en el 20% ene l PSOE. 

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