La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prefiere no entrar en la polémica política sobre la mayor o menor necesidad de armonizar la aplicación de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas en el conjunto del territorio español, desatada en los últimos días a raíz de la receptividad del Gobierno a una enmienda de ERC para derogar la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid, pero sí ha querido dejar claro que su enfoque es más favorable a una reforma integral del sistema de financiación autonómica que a la introducción de ajustes parciales en determinadas figuras impositivas.
La Airef se alinea así con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que este mismo jueves ha subrayado la necesidad de enmarcar el debate sobre el futuro del Impuesto de Patrimonio en la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, que según ha dicho el Ejecutivo prevé abordar ya en el año 2021. El organismo entiende que la reconsideración de las fuentes de ingresos de las comunidades autónomas debe realizarse desde una aproximación integral, no analizando cada figura impositiva de manera parcial, y que incluso debería tener en cuenta no solo todo el sistema de ingresos de las comunidades autónomas sino también el de las Haciendas Locales.
La Autoridad Fiscal se ha pronunciado en este sentido en la presentación de su preceptivo informe sobre las 'Líneas fundamentales de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales' para 2021 en el que ha destacado que espera para el sector autonómico un déficit del 0,8% el próximo año, tres décimas inferior al estimado por el Gobierno, sobre la base de que la evolución de los gastos asociados a la pandemia tendrán un perfil significativamente más suave el próximo año.
La mayor preocupación de la Autoridad Fiscal en relación a la evolución de las cuentas de las comunidades autónomas se sitúan en 2022 y 2023, cuando en principio ya no recibirán la financiación adicional del Gobierno para la lucha contra la crisis sanitaria y tendrán que reintegrar a las arcas del Estado los ingresos percibidos de más en 2020 y 2021 por las medidas excepcionales del Ejecutivo de Pedro Sánchez para garantizar su financiación. Entre esos dos años, los gobiernos autonómicos deberán reintegrar a las arcas del Estado alrededor de 9.000 millones de euros (siete décimas de PIB) por la liquidación definitiva del sistema y además percibirán menos recursos extraordinarios. Ante esta situación, la Autoridad Fiscal ha recomendado a las comunidades autónomas no emplear esa financiación adicional en el ensanchamiento de gastos de naturaleza permanente e intentar empezar a diseñar un plan de viabilidad a medio plazo para devolver sus cuentas a la normalidad.
Números rojos en el Ayuntamiento de Barcelona
Más preocupante es la fotografía de la Autoridad Fiscal de las cuentas de los grandes ayuntamientos. El organismo encargado de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas advierte de que grandes ayuntamientos como Barcelona, Palma, Bilbao, Valladolid, Gijón o L'Hospitalet, además de las tres Diputaciones Forales vascas, cerrarán el ejercicio de 2020 con déficit presupuestario, pese a la expresa disposición normativa que impide este tipo de situaciones. Las proyecciones de la Airef apuntan a que Barcelona, Bilbao y las Diputaciones Forales seguirán teniendo números rojos en 2021 y que Vigo se sumará a este grupo.
El asunto tiene mucho que ver con la situación sanitaria, con el desplome de los ingresos derivado de la caída de la actividad durante este año y de las medidas de gasto adoptadas por los ayuntamientos para hacer frente a la pandemia, que la Autoridad Fiscal ha estimado en 438 millones de euros. Pero también con el levantamiento de la esclusas del gasto durante el año electoral de 2019. La Autoridad Fiscal ha detectado que en 2019 los grandes ayuntamientos incrementaron sus gastos un 4%, cuando la regla de gasto vigente nos les permitía incrementar esa partida más que un 2,7%, y que en el caso de Valencia, Madrid, Bilbao y las Diputaciones Forales ese incremento superó al 10%, también al compás de la flexibilización del marco legal para poder invertir su superávit en inversiones socialmente responsables.
Este año 2020 el gasto de los grandes ayuntamientos habría crecido un 1% en ausencia de la Covid, pero la respuesta a la crisis sanitaria ha disparado el gasto hasta el 4,9%. Este incremento ha sido particularmente intenso en la Diputación Foral de Guipúzcoa (15,3%), el Ayuntamiento de Córdoba (13,1%), el Cabildo Insular de Tenerife (11,4%) o los ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona o Valencia.
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