La primera reunión “sosegada y técnica” sobre el “caso faisán” concluye sin acuerdo

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concluido su primera deliberación sobre el futuro del “caso Faisán” en una reunión “sosegada y técnica” que duró cerca de dos horas y media y en la que los magistrados no han entrado a debatir el punto fundamental de la causa: si existió o no colaboración con ETA en el “chivatazo” que alertó el 4 de mayo de 2006 a la banda terrorista de la operación policial que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión.
La reunión ha servido para que el ponente de la resolución, el magistrado José Ricardo de Prada, esbozase ante sus compañeros las principales líneas de su ponencia. De Prada ha mantenido en anteriores deliberaciones que los tres mandos policiales procesados en el “caso Faisán” no pueden ser acusados de un delito de colaboración con organización terrorista, por lo que la causa debería remitirse a la justicia ordinaria, en este caso a los juzgados de instrucción de Irún (Guipúzcoa), lugar en el que tuvieron lugar los hechos.
Tras escuchar a De Prada, la mayoría de los otros 13 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal han intervenido para fijar su postura. Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que esta primera reunión, que comenzó a las 9.00 horas de la mañana, ha sido “sosegada” y el debate se ha movido en torno a criterios “técnicos y jurídicos”.
Estas mismas fuentes señalaron que la deliberación se encuentra todavía en una fase “muy inicial”. Los 14 magistrados que conforman en esta ocasión el pleno de la Sala de lo Penal retomarán esta tarde a las 16.30 horas la reunión para decidir el futuro del “caso Faisán” en un encuentro que está previsto que se extienda hasta las 20.00 horas.
La Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha habilitado reuniones para este jueves y este viernes, de 9.00 a 10.30 horas por las mañanas, y de 16.30 a 20.00 horas por las tardes.
POSICIÓN DE LA FISCALÍA
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, aseguró este martes en la vista celebrada por la Sala de lo Penal para decidir el futuro del “caso Faisán” que los tres mandos policiales procesados en la causa del “chivatazo” no pretendían “coadyuvar” a los fines de ETA sino que actuaron guiados por “otras motivaciones”.
Este fue uno de los principales argumentos utilizados por la Fiscalía para sostener que los tres procesados -el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, el que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y el inspector de Vitoria José María Ballesteros- no pueden ser acusados de haber cometido un delito de colaboración con organización terrorista ya que para incurrir en este tipo penal, según su criterio, es preciso “una cierta adhesión ideológica y una intención específica de favorecer y beneficiar las actividades y finalidades de la banda”.
Zaragoza pidió que el sumario sea remitido a la justicia ordinaria, en concreto a los juzgados de instrucción de Irún (Guipúzcoa), lugar en el que tuvieron lugar los hechos, para que sean estos los que “finalicen la investigación y resuelvan sobre el fondo del asunto”.
FILTRACIÓN A ETA
El juez encargado de la instrucción de la causa, Pablo Ruz, señaló en su auto de procesamiento que los tres policías, que formaban parte de la cúpula policial del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes que se iban a producir, y atribuyó a los procesados un delito de revelación de secretos y otro de encubrimiento o colaboración con organización terrorista.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional concluyó que el inspector Ballesteros fue la persona que entregó a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006 a Elosua, dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA, un móvil.
El magistrado sostiene que a través de ese móvil, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, alertó a Elosua de la operación que se iba a llevar a cabo contra el aparato de extorsión de ETA. Esta delación habría contado con la colaboración y connivencia del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo.