La red española contra la trata exige al gobierno una ley integral contra esta violación de derechos

La Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) exige al Gobierno español una Ley Integral contra la Trata, ya que, según afirma esta organización, el Estado español incumple las recomendaciones europeas de protección de las víctimas y la lucha contra este delito.
En el marco del Día Europeo de Lucha contra la Trata de Personas, que se celebra este viernes, la RECTP ha hecho llegar sus aportaciones a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con vistas a la elaboración de un nuevo Plan de Lucha contra la Trata.
En ellas, las entidades aglutinadas en la red subrayan que, a pesar de los avances, sigue siendo necesario que el nuevo Plan Integral "contemple todas las formas de trata y las múltiples finalidades de explotación (no sólo la explotación sexual), siendo conscientes de que ello implicaría la colaboración y coordinación con otros ministerios".
Según RECTP, la trata puede tener otros fines, como la explotación laboral, o asumir otras formas, como la servidumbre, la mendicidad, los matrimonios forzosos o la extracción de órganos.
NIÑOS Y RESIDENCIA
La red también ve fundamental la creación de un mecanismo coherente de derivación específico para niños y niñas víctimas de la trata, para abordar sus necesidades especiales, que cuente con la participación de especialistas en infancia, oficiales de policía y fiscales especializados en menores.
El informe presentado por el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres humanos (Greta) respalda las reivindicaciones de la red y apunta también que se conceda a las víctimas de esta violación de derechos un permiso de residencia temporal en base a la situación personal de los afectados.
La RECTP recuerda que se han concedido "muy pocos" permisos de residencia basándose en la situación personal de la víctima, por lo que, a pesar de los "avances" que ha realizado el Gobierno en estos temas, continúan siendo "insuficientes".
La red también exige que se tengan en cuenta las necesidades de protección internacional de algunas víctimas y que se respete el principio de no-devolución.