Bogotá.- Una misión de la Comunidad Autónoma de Asturias (norte de España) concluyó hoy una visita de verificación humanitaria en Colombia y advirtió a la Unión Europea de que será "cómplice" de violación de derechos humanos si firman el Tratado de Libre Comercio (TLC) con este país sudamericano.
"Quien firme ese TLC se está convirtiendo en cómplice, acompañante y responsable de lo que está pasando aquí", dijo en una rueda de prensa el director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien dijo que hay "constatación evidente de violaciones de los derechos humanos" en Colombia.
La misión está formada por miembros de ese gobierno autónomo, al frente de los socialistas en coalición con Izquierda Unida, y organizaciones no gubernamentales.
Éstos se reunieron con comunidades indígenas y campesinas, así como representantes sindicales y de colectivos en situación de riesgo durante su gira por los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Putumayo y Sur de Bolívar, además de Bogotá.
Según Palacio, no se puede permitir que se "firmen negocios con personas que están directamente señaladas como responsables, auxiliadores o colaboradores" de este tipo de violaciones, y que el "agrocombustible que llegue a España, lo haga manchado de sangre".
Por ello, instó a aprovechar la Presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010 para "actuar como defensores de los derechos humanos y aplicar ese concepto de Alianza de Civilizaciones tan bueno en su origen".
Pero es precisamente durante la Presidencia española de la Unión, cuando los europeos planean rubricar el TLC con Colombia, el próximo mayo en Madrid y después de dos años de negociaciones.
Palacios resaltó que Colombia sufre "una de las mayores crisis humanitarias conocidas en su historia", con las "más altas tasas de desplazamiento interno del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades campesinas e indígenas".
Dijo que los paramilitares "continúan cometiendo masacres, extorsiones, asesinatos, desplazamientos forzosos, desapariciones y violencia sexual", pese a que, agregó, el Gobierno colombiano "niega oficialmente su existencia".
También advirtió del desalojo "con violencia" de familias campesinas de sus tierras para instalar monocultivos de palma de aceite; las "intimidaciones" a periodistas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia); la falta de garantías para los presos y los asesinatos de sindicalistas.
La delegación denunció hoy haber sufrido "amenazas" de oficiales del Ejército colombiano, hechos que fueron puestos en conocimiento del Ministerio del Interior.
La misión tiene previsto presentar su informe ante las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Parlamentos europeo, español y asturiano.
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