Las asociaciones judiciales mantienen la huelga en Castilla y León

Salamanca, 11 feb (EFE).- Las dos asociaciones judiciales que han convocado huelga para el próximo día 18 de febrero, la 'Asociación Francisco de Vitoria' y el 'Foro Judicial Independiente', mantienen la convocatoria en Castilla y León, pese al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que no se da por anunciada ese paro de jueces.

Así lo ha manifestado hoy el portavoz en Castilla y León de la 'Asociación Judicial Francisco de Vitoria', José Luis García, en una entrevista con EFE en la que también ha expresado su malestar por la respuesta del órgano de gobierno de los jueces al "no entrar a valorar ni a concretar si tenemos derecho a la huelga".

García califica de "esquizofrénica" la resolución dictada el día 9 de febrero por el CGPJ por la que "ni se tiene por convocada la huelga, ni fija servicios mínimos, ni entra a reconocer si los jueces tienen derecho a ella".

El magistrado ha reconocido que las dos asociaciones mantienen su convocatoria de huelga porque considera que no se han tenido en cuenta la reivindicaciones de los jueces por parte del Ministerio de Justicia.

En cuanto a los servicios mínimos, José Luis García ha explicado que el CGPJ acuerda, "con claridad", que no procede "fijar servicios mínimos ni tener por tales los que pudieran señalar los que suscriben los diferentes escritos". Por lo tanto, según él, los jueces que lo deseen secundarán la huelga sin fijar esos servicios mínimos.

El portavoz en Castilla y León de la asociación 'Francisco de Vitoria' se pone como ejemplo él mismo al asegurar que la iba a secundar, "pero como ese mismo día estoy de guardia no la haré y trabajaré".

Por tanto, evaluar si será un huelga muy secundada "es muy complicado, toda vez que ahora somos dos asociaciones concretas las que la convocamos", por lo que estiman que será "muy apoyada".

En opinión de José Luis García, la Judicatura en Castilla y León, representada por el Tribunal Superior de Justicia, "apoya las reivindicaciones, aunque por ahora no se ha debatido la conveniencia de convocar la huelga".

El portavoz de la asociación 'Francisco de Vitoria' en Castilla y León mantiene que la situación de la Justicia es "lamentable y, especialmente, en esta Comunidad Autónoma".

Para explicarlo pone como ejemplo "la sobrecarga de trabajo que llevan los juzgados de lo mercantil de Valladolid y de Salamanca, algo que es horrible".

Por ello, reclama que se abran más juzgados en Castilla y León, "donde se está mejor que en Madrid, pero peor que en el País Vasco".

José Luis García afirma que las razones de esta situación tienen que ver con la gestión: "Se hacen las cosas sin previsión, por lo que no sólo es un problema de dinero, sino de cómo gestionarlo".

De esa manera, el magistrado se pregunta "¿no se pueden pedir responsabilidades al gestor?" al explicar que no las reivindicaciones judiciales no tienen nada que ver con la sanción impuesta al juez Tirado por mantener en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

Para José Luis Martín, el problema fundamental de la Justicia en España es de medios, "por lo que la Administración tendrá algo que decir".

La convocatoria de la huelga es para el día 18 de febrero y las reivindicaciones se centran en la creación de una nueva oficina judicial, cuya figura se puso en marcha en 2003 y en 2009 no ha comenzado a crearse; en incorporar a los Juzgados las nuevas tecnologías; en una mayor formación para el personal de Justicia; y en una revisión profunda de la actual planta judicial.

Respecto a la oferta lanzada por el Ministerio de Justicia de 20 millones de euros para comenzar a solucionar esos problemas, José Luis García asegura que es una cifra "irrisoria para solucionar una situación insostenible históricamente".

Para la asociación 'Francisco de Vitoria' "no es una cuestión de gobiernos, son los políticos los que no nos han hecho caso con unas reivindicaciones de muchos años".

El magistrado José Luis García asegura que uno de los mayores problemas de la Justicia es que los políticos no pueden "controlarla" y pone como ejemplo los juzgados Contencioso-Administrativos, "que serían los que tendrían que ver muchos asuntos de la Administración, pero que, en Castilla y León por ejemplo, son insuficientes y estás muy atascados".