Oviedo, 21 ene.- Las seis primeras comparecencias celebradas hoy ante la comisión parlamentaria de investigación del Centro Niemeyer han permitido constatar los retrasos que acumulaba la Fundación que lo gestionaba en la presentación de sus cuentas ante los órganos correspondientes de la administración autonómica.
Durante casi siete horas, cuatro ex secretarios generales técnicos de distintas consejerías, el ex responsable del Registro de Fundaciones y un interventor delegado han respondido a los grupos parlamentarios, que habían eximido de comparecer a un perito de la Agencia Tributaria al haber declarado secretas sus actuaciones el juez que instruye la causa abierta en un juzgado de Avilés.
La intervención más crítica con los gestores de la Fundación Niemeyer ha correspondido al secretario general técnico de la Consejería de Cultura durante el periodo de gobierno de Foro, Roberto Moro, que ha destacado su falta de colaboración cuando la administración autonómica les pidió datos sobre su funcionamiento.
El informe iniciado en la etapa de Moro como secretario general técnico fue finalizado por el actual Ejecutivo y tuvo como conclusión la petición a la Fundación Niemeyer de que devolviese más de un millón de euros en ayudas dado que en los ejercicios de 2007 y 2008 había gastado menos que el importe de la subvención recibida.
Los retrasos en la presentación de las cuentas ante el Registro de Fundaciones han sido ratificados también por el ex responsable de este servicio, así como por Pedro Isidro Rodríguez, secretario general técnico de la Consejería de Cultura en el anterior gobierno socialista y por sus dos antecesores en el cargo.
Rodríguez ha añadido que de esta circunstancia fue advertida también la entonces consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, que a su vez presidía la Fundación que gestionaba el centro cultural.
Según el ex secretario general técnico, con Foro el marco normativo existente que regulaba una fundación como la constituida para gestionar el Niemeyer "no favorecía su control" dado que, pese a que el Principado era su principal financiador, no tenía una participación mayoritaria en su capital fundacional y no se podía considerar que formara parte del sector público autonómico.
"De esta forma no estaría sujeta a la función interventora ni al control económico permanente, pero sí al control de las subvenciones", ha añadido Moro, quien ha advertido de que a partir de 2008 se suprimió la inclusión en los planes de control financiero de las subvenciones nominativas de la administración autonómica.
Esta era la fórmula por la que se concedían las subvenciones al Niemeyer y no requiere de un control previo sino de una fiscalización posterior siempre que el examen de dichas ayudas sea incluida en el plan anual de auditorías del Principado.
Así, para el actual interventor del departamento de Hacienda, Martiniano Villar, -autor del informe que determinó la exigencia de devolución de ayudas a la Fundación, circunstancia que determinó su entrada en concurso de acreedores-, el órgano gestor (la Consejería de Cultura) "no debió dar conformidad a esas justificaciones" dado que el beneficiario no cumplió las obligaciones que había adquirido.
La Secretaría General Técnica de la Consejería ejercía labores de protectorado sobre la Fundación Niemeyer, pero, según ha recordado Rodríguez, la Ley de Fundaciones no contempla infracciones o sanciones por no presentar las cuentas anuales o el plan de actividades y ha considerado "probable" que, de haberse registrado, podrían haberse detectado las supuestas irregularidades existentes.
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