Las medidas de regeneración democrática llegarán al Congreso en febrero

Madrid, 27 ene.- Los dos paquetes de medidas legislativas para la regeneración democrática que ha preparado el Gobierno llegarán al Congreso a lo largo del mes de febrero, para que estén ya en la Cámara Baja de cara al próximo debate sobre el estado de la nación, previsto para la última semana del mes que viene.

Así lo ha avanzado hoy el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en una mesa redonda sobre transparencia y regeneración democrática organizada por ESADE.

Ayllón ha explicado que el Ejecutivo está a la espera de recibir en breves fechas los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas sobre los dos anteproyectos de ley, uno sobre la actividad económico-financiera de los partidos, y un segundo sobre el ejercicio del alto cargo.

Los dos proyectos, que llegarán al Congreso el mes que viene después de su paso por el Consejo de Ministros, son el "núcleo esencial" del plan de regeneración democrática y contra la corrupción anunciado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación del año pasado.

Entre las medidas previstas, está la prohibición de donaciones de personas jurídicas a partidos políticos o de que los bancos condonen la deuda a las fuerzas políticas.

También se prohibirán las donaciones de personas jurídicas a los partidos, que hasta ahora se permitían hasta un límite de cien mil euros anuales.

El segundo de los proyectos legislativos regula las funciones y obligaciones de los altos cargos, y como novedad principal establece que ningún condenado por delitos contra las instituciones y administraciones públicas, incluidos los de terrorismo, pueda ser nombrado alto cargo público mientras no se cancelen sus antecedentes penales.

Ayllón ha reconocido que estos paquetes legislativos, que se suman a la vigente Ley de Transparencia y Buen Gobierno, no son el "antídoto" definitivo para la corrupción, pero intentan combatir la desconfianza de los ciudadanos en los políticos y en sus instituciones.

También intentan dar más agilidad a los procesos judiciales por corrupción, de forma que no se dilaten en el tiempo y no quede entre los ciudadanos una sensación de impunidad.

"La corrupción no tiene ideología porque afecta a toda la democracia", ha proclamado el secretario de Estado, que ha abogado por "extirpar" a los corruptos de la vida pública, recordando eso sí, que la inmensa mayoría de los políticos son honestos y muchos de ellos trabajan por el bien común sin percibir ninguna remuneración.

Preguntado por la posibilidad de instaurar en España la "denuncia anónima" para casos de corrupción como ocurre en la tradición jurídica anglosajona, Ayllón ha avanzado que el Gobierno está estudiando su viabilidad, aunque ha expresado sus recelos.

"No me quiero imaginar lo que sería España unos meses antes de las elecciones. Estaríamos todos bajo sospecha", ha alertado.

Sobre la figura del aforamiento, del que disfrutan los parlamentarios, ha negado que se trate de un privilegio, sino más bien un perjuicio para el político, porque "amplifica" la relevancia mediática de delitos menores que deben pasar obligatoriamente por el Tribunal Supremo.

"Yo sería feliz si me quitaran el cáliz del aforamiento, porque todo el mundo puede pensar que estoy sobreprotegido cuando no es así", ha asegurado.

No obstante, ha avisado de las dificultades técnicas para suprimirlo en algunos supuestos, ya que es una prerrogativa instituida en la propia Constitución.