Las ONG reclaman un nuevo marco legal para el voluntariado internacional

  • Las ONG para el Desarrollo y la Plataforma del Voluntariado han reclamado hoy un nuevo marco legal que regule los derechos y deberes del voluntariado de cooperación internacional al considerar que el actual es "parco" e "insuficiente".

Madrid, 7 dic.- Las ONG para el Desarrollo y la Plataforma del Voluntariado han reclamado hoy un nuevo marco legal que regule los derechos y deberes del voluntariado de cooperación internacional al considerar que el actual es "parco" e "insuficiente".

Así lo manifiestan en un comunicado conjunto la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España, la Plataforma de Voluntariado de España, la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM) y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES).

Ante el "vacío legal" en materia de derechos y deberes del voluntariado internacional, han presentado ante la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) una propuesta de regulación del voluntariado internacional al servicio de la cooperación para el desarrollo.

Han señalado que la ley vigente del voluntariado, que es de 1996, regula solo el voluntariado nacional y que la referente al de cooperación para el desarrollo es "parca e insuficiente", ya que se limita a un solo artículo de la norma de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

A su juicio, el voluntariado internacional "se realiza frecuentemente en lugares y condiciones de notable dureza que pueden suponer riesgo para su salud y para su integridad física" y la labor que realizan "contribuye a difundir en el exterior la solidaridad internacional".

Por ello, el marco legal que proponen contempla aspectos que estiman "esenciales" como los derechos y obligaciones de los voluntarios internacionales, la formación, el régimen de posibles incompatibilidades y el reconocimiento y homologación de los servicios desinteresados que prestan, entre otros.

Han abogado, además, por la concertación de un seguro colectivo por parte de la AECID y la potestad de acogerse a un régimen de la Seguridad Social dada la naturaleza voluntaria, no laboral, de su servicio.

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