Ley de Unidad de Mercado: ¿solución o problema?

Este es el relato resumido de la documentación que debe presentar un empresa alimentaria de implantación nacional para exportar su producto a otro país. Certificados veterinarios que acrediten la buena salud de todos y cada uno de los animales de los que extraen la materia prima para elaborar sus productos, un certificado autonómico que verifique el cumplimiento de la legislación regional por cada uno de los territorios donde se sitúen sus explotaciones y otro similar para cada una de las plantas productivas que tiene repartidas por el país.

Como ven, aún no se ha iniciado el trámite específico para exportar y la empresa ya ha acumulado un volumen significativo de documentación en previsión de lo que le puedan pedir. Pero aún queda el último paso, posiblemente el más delicado: superar el control del Punto de Inspección en Frontera (PIF), donde aún se le puede requerir al afanado exportador algún documento oficial más, especialmente si se trata de una empresa alimentaria, como la de nuestro ejemplo.

No acaba aquí la odisea. Una vez recopilados todos esos montones de documentación, la empresa debe esperar a que no se le pide algún tipo de certificación adicional en destino, porque el trámite de solicitud de cualquier certificación ante la Administración competente puede convertirse en una misión imposible, si la solicitud del país de destino no coincide con los impresos previstos en la Administración española. En resumen: un auténtico lío.

Las empresas llevan años poniendo de manifiesto las dificultades que la proliferación de normas de ámbito estatal, autonómico e incluso municipal suponen para su actividad sin demasiado éxito. En el ámbito alimentario, por ejemplo, las empresas del sector se quejan de que operan en un sector regulado por 70.000 páginas de regulación.

Ahora, el Gobierno ha decidido abordar el problema con un controvertido proyecto normativo, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que con el objetivo de garantizar la libre prestación de servicios en todo el territorio nacional establecerá una licencia única que permitirá a las empresas operar en todo el país con la autorización obtenida en su comunidad autónoma de origen.

En plena tramitación parlamentaria de la norma, la II Edición de los Desayunos Informativos 'Parlamento y Empresa' lainformacion.com, patrocinados por Llorente y Cuenca, ha reunido a los portavoces para esta ley de los dos principales partidos, Vicente Martínez Pujalte (PP) y Joan Rangel (PSOE), para evaluar su impacto y las consecuencias que la norma puede tener sobre la economía española.Adiós a la fragmentación

'La ley responde a una necesidad y es que el mercado español no esté fragmentado en 17 legislaciones diferentes', resume Martínez Pujalte.

'¿Qué óptica hemos adoptado? Había dos posibilidades: facilitar las cosas a la Administración o facilitar las cosas a las empresas. Bien, pues hemos optado por facilitar lo más posible las cosas a las empresas. Queremos hacer la mejor ley posible para favorecer la actividad de las empresas'.

Desde el PP se admite que la ley ha levantado ampollas en las comunidades autónomas, que consideran invadidos sus ámbitos competenciales, aunque se considera que el texto es perfectamente constitucional.

De hecho, recalca que se han sorteado los ámbitos donde la ley podría generar más problemas competenciales: el fiscal, el de fabricación de los productos y el de determinados servicios de carácter radicalmente local: algunos sanitarios, otros referidos al transporte.

'Si esta ley acaba con la práctica en que han incurrido diversas comunidades autónomas de levantar trabas a la entrada de empresas de otros territorios para proteger los intereses de las propias ya podremos darnos por satisfechos', concluyó el diputado popular.El caos que se avecina

Para el portavoz socialista, Joan Rangel, esa presunta ganancia competitiva que se producirá con la puesta en marcha de la Ley de Unidad de Mercado, que el Gobierno calcula que se traducirá en 1.500 millones de euros anuales de PIB extra, no será tal, sino más bien al contrario.

'Al final, lo que las empresas necesitan es un marco estable y esta ley va a generar tal volumen de reclamaciones por parte de las comunidades autónomas que se va a generar un contexto de incertidumbre que no favorece en nada la actividad económica', augura.

Su argumento es que el proyecto gubernamental bordea, cuando no invade directamente, competencias propias de las comunidades autónomas y que a éstas nos les va a quedar más remedio que exigir el cumplimiento de su espacio competencial ante los tribunales.

En opinión de Rangel, la Ley de Unidad de Mercado es un paso adelante en la desregulación, que equivoca la realidad del problema. 'Claro que hay que intentar mejorar el funcionamiento de las leyes, pero en España no falla el proceso legislativo, sino lo que viene después, el proceso que debería garantizar la correcta aplicación de las leyes'.

La otra objeción del diputado socialista catalán es el fondo ideológico tras la ley. 'Es una ley que no busca la unidad sino la uniformidad y eso no es compatible con la España de las autonomías'.Lo que piden las empresas

Y en medio del debate: las empresas. Las potenciales beneficiarias de la nueva legislación.

Para Óscar Hernández, director de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Asuntos Regulatorios del Grupo Pascual, tan clave como reducir las trabas administrativas a la actividad empresarial es garantizar el cumplimiento de las leyes y su correcta aplicación. 'Muchas veces nos encontramos con problemas de interpretación que dificultan mucho nuestra actividad'

Otro aspecto crítico que identifican las empresas es el asunto fiscal. Joaquín Mollinedo, director de Comunicación de Acciona, pidió al Gobierno que valore la adopción de alguna medida en el campo fiscal que contribuya a garantizar la unidad de mercado.