Libertad para 3 detenidos en Córdoba por presunto fraude en cursos formación

Córdoba, 14 mar.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha puesto en libertad sin fianza a los tres detenidos en la capital cordobesa en relación con el presunto fraude en cursos de formación subvencionados con fondos públicos en Madrid.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que los detenidos prestaron ayer declaración y se les imputa el fraude de 4,5 millones en subvenciones para cursos de formación.

Los tres detenidos en Córdoba, ya puestos en libertad, son Celia Jariol Moyano, mujer del empresario cordobés José Luis Aneri, ya en prisión provisional comunicada y sin fianza, y socia de empresas receptoras de ingresos de Sinergia; un hermano de este empresario y uno de sus primos, Manuel A.A.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid puso ayer en libertad con cargos al presidente de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Alfonso Tezanos, aunque le impuso la medida cautelar de acudir dos días a la semana al juzgado, así como la prohibición de abandonar el territorio español y la retirada del pasaporte.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, en función de guardia de detenidos, también ha ordenado la libertad de los nueve detenidos puestos a su disposición por la Policía en el marco de la investigación por los cursos online de formación.

Al igual que ha decidido con Alfonso Tezajos, el juez ha impuesto a Víctor Porta Chacón, socio del empresario cordobés José Luis Aneri, actualmente en prisión provisional comunicada y sin fianza por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa, la medida cautelar de acudir dos días a la semana al juzgado.

También Porta Chacón tiene la prohibición de abandonar el territorio español junto con la retirada del pasaporte.

Los acusados se enfrentan, según su participación en los hechos, a los presuntos delitos de fraude de la administración pública, estafa, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La investigación arrancó en diciembre de 2012 cuando los investigadores recibieron un informe del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) en el que se alertaba de supuesta irregularidades sobre subvenciones a cursos de formación en 2010 y 2011.

Las ayudas fueron solicitadas a través de la federación de cooperativas para impartir tres cursos de teleformación a 10.761 alumnos, pero un muestreo aleatorio entre 225 supuestos alumnos reveló que ninguno había participado en ellos.

Los investigadores comprobaron además que la federación de cooperativas habría transferido importes millonarios, con la intención de blanquearlos, a través de un entramado de al menos cuatro sociedades mercantiles.