Los ocho controladores aéreos que estaban citados por un delito de sedición se han negado a declarar ante la Fiscalía de Madrid al no reconocerla competente para los interrogatorios y han asegurado que no lo harán hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que interpusieron contra la actual situación que les mantiene inmovilizados bajo la jurisdicción militar, informaron fuentes jurídicas.
Los recursos se interpusieron el pasado jueves por parte del sindicato USCA contra el Real Decreto aprobado el 3 de diciembre que establecía la militarización del espacio aéreo ordenada por el Ministerio de Presidencia y el dictado el 4 de diciembre que decretaba el estado de alarma con motivo del caos aéreo que se produjo en los aeropuertos españoles.
Los controladores citados este lunes han mantenido la misma postura que sus compañeros de acogerse a su derecho constitucional de no declarar el pasado jueves y viernes, al estimar que la jurisdicción ordinaria no les puede interrogar.
Por ahora, la Fiscalía de Madrid no ha señalado más citaciones, por lo que es previsible que en los próximos días remitan la denuncia a los juzgados de Plaza de Castilla para que sea un juez el que les tome declaración por un delito de sedición.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, defendió la semana pasada que la jurisdicción competente es la civil, puesto que los hechos investigados se produjeron en las horas previas a que el Gobierno declarar el Estado de alarma. De hecho, la policía centra la investigación en cómo se coordinaron los controladores para defender sus bajas masivas con motivo de una situación de estrés.
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