Los defensores de la ley de dependencia quieren forzar al gobierno a cumplir la ley y piden crear una subcomisión en el congreso

La Coordinadora de Plataformas de la Ley de Dependencia se reúne hoy en el Congreso de los Diputados con el PSOE e IU para buscar su respaldo a la creación de una subcomisión parlamentaria que pueda hacer seguimiento de la aplicación de la ley y sirva de palanca para exigir el Gobierno su cumplimiento.
Jaime Esteban García, portavoz de la coordinadora, explicó a Servimedia que su primer objetivo es impulsar la creación de la citada subcomisión, en la que tiene esperanza de "participar activamente" en la "vigilancia" del cumplimiento de esta norma.
La coordinadora señala que el espacio que hay en el Consejo Interterritorial del Sistema de Dependencia "no sirve" para este fin, puesto que sólo están representadas las autonomías y el Gobierno y por ello recurren el Parlamento.
Su primer contacto ha sido con las diputadas socialistas Trinidad Jiménez y Rosa Aguilar. A los socialistas les preocupa que una ley que se aprobó con el consenso de todos los grupos "se esté modificando por la puerta de atrás" y "desmantelando" gracias a los recortes presupuestarios.
Jiménez aseguró los socialistas quieren ver "de qué forma podemos defender un modelo que fue fruto del cosenso y cómo podemos presionar al Gobierno para que las personas dependientes puedan contar con esa aportación del Estado".
Los miembros de la coordinadora destacan también que las personas en situación de dependencia se están viendo ya afectadas por los recortes en sanidad y servicios sociales.
Especialmente preocupante considera la posibilidad de implantar el copago farmacéutico, puesto que la inmensa mayoría de los dependientes padecen enfermedades crónicas con tratamientos de por vida y con alto coste económico, señala.
Los miembros de la coordinadora destacan que el informe elaborado por el propio Ejecutivo reconce que gracias al impulso de esta ley se han creado 165.000 empleos nuevos, se han incorporado a la Seguridad Social casi 150.000 personas como cuidadores familiares y más del 80% de los beneficiarios da un notable a los servicios de protección a la dependencia.
Sin embargo, añade, es imprescindible un sistema de financiación garantista y sostenible, con una cartera de servicios comunes de obligado cumplimiento, que tenga más transparencia y que contemple la coordinación socio-sanitaria.
A su entender, "considerar inviable la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas" dependientes que la ley reconoce como derecho es "un paso atrás de dimensiones históricas" y supondría "retomar las prácticas benéficas y asistenciales predemocráticas ya superadas" que separaban a España del resto de países europeos en protección social.
Tras estas dos primeras reuniones, la coordinadora pedirá cita a otros grupos parlamentarios para exponerles su punto de vista, y tratarán de convencer al Grupo Popular de que "necesitamos un espacio donde expresar propuestas, miedos e indignaciones".