En un auto dictado este lunes, Garzón acusa a los dos piratas, que responden a las identidades de Abdu Willy y Raagegeesey, de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas.
El magistrado responde, de esta forma, a la petición formulada por la Fiscalía, que justificó la competencia de la Audiencia Nacional argumentando que el arresto de los piratas se produjo "fuera de la zona de seguridad" de la 'Operación Atalanta' y, por tanto, "al margen de las previsiones operativas y legales" acordadas por la Unión Europea y Kenia.
En su escrito, el juez señala que los hechos investigados son "de suma gravedad" y que la medida adoptada es "la única coherente, lógica e indispensable que procede para asegurar no sólo a las personas, sino el objeto de la causa". En este sentido, destaca que la orden de ingreso en prisión se dicta "con el único fin de cubrir las más de 72 horas que, previsiblemente van a transcurrir y que sería el plazo legal de detención para legalizar (...) la situación de los mismos".
"De forma urgente"
Garzón también ordena al Ministerio de Defensa que emita "las órdenes oportunas a fin de que los detenidos sean trasladados de forma urgente a España" después de ser informados de "sus derechos constitucionales" y conocer que se encuentran "presos a disposición" de la Audiencia Nacional.
También pide a este departamento que traslade a la Comisaría General de Información "todos y cada uno de los elementos, datos, documentos, material y cualesquiera otros aspectos relacionados con los hechos", así como la identidad y situación de las víctimas y de los presuntos responsables del secuestro. Además, solicita que se adopten las "medidas precisas para garantizar el cuidado y salud" del pirata que resultó herido durante su captura.
El juez detalla que la Comisaría General de Información asumirá la investigación "en todas sus fases y extensión, en coordinación con las Fuerzas Armadas que se hallan en el escenario de operaciones". En este sentido, insta a sus responsables a desplazarse al lugar de los hechos, "si fuera necesario", para confeccionar los atestados, informes y declaraciones que resulten "relevantes" para la investigación.
Garzón justifica su competencia a partir de la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 1958 y el Convenio de Montego Bay de 1982. La detención en la zona de seguridad de la 'Operación Atalanta' haría a este caso diferente del de los 14 piratas somalíes que fueron arrestados en mayo pasado por el buque 'Marqués de la Ensenada' cuando intentaban asaltar un barco con bandera panameña. El juez Fernando Andreu dictó inicialmente su ingreso en prisión aunque, tras un recurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, rectificó y aceptó la entrega a Kenia en virtud de los citados convenios.
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