Los ecologistas dicen que la nueva ley de costas fomenta la especulación y abre la puerta a la privatización del litoral

Las organizaciones ecologistas expresaron este viernes su rechazo frontal al anteproyecto de modificación de la Ley de Costas y aseguraron que supone un aumento de la inseguridad jurídica, abriendo la puerta a la especulación y la privatización del litoral.
Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, dijo a Servimedia que la nueva norma "se ha hecho a medida de las demandas de aquellos que tienen irrgularidades" en el litoral desde 1988".
Otro de los aspectos que esta organización echa de menos en la nueva normativa es lo relacionado con los efectos del cambio climático en la costa, ya que "no se avanza" en este sentido.
Según Marcos, en la nueva ley entran una serie de conceptos muy difíciles de interpretar y que podrían abrir "la caja de Pandora" a consideraciones nuevas, como el hecho de que ahora se permita construir sobre "dunas muertas", es decir, aquellas que están colonizadas por la vegetación y asentadas a varias decenas de metros de la ribera del mar.
La responsable de Greenpeace destacó también que la nueva normativa fomenta la especulación urbanística y solventa "de un plumazo" los problemas que tenían con la aplicación de la ley anterior aquellos municipios para los que "todo ha valido" en cuestión de "burbuja inmobiliaria".
Aunque indicó que pesa más lo malo que lo bueno en esta reforma, Marcos valoró que el Estado pueda suspender inmediatamente una licencia de obras municipal si contraviene la Ley de Costas.
Por su parte, el responsable del Programa Marino de WWF, José Luis García Varas, declaró a Servimedia que la nueva ley deja de proteger a la costa para salvaguardar los intereses económicos en ella.
Además de suponer un aumento de la especulación, García Varas subrayó que la reforma prima el interés económico sobre la conservación de los ecosistemas litorales y lamentó igualmente que la nueva norma no tenga en cuenta los efectos del cambio climático.
WWF considera que la nueva ley consolida derechos que en algunos aspectos han sido rechazados por los tribunales, como sacar núcleos históricos urbanos que se entendía estaban dentro del dominio público marítimo-terrestre y brindar la posibilidad de privatizarlos.
El responsable de WWF indicó que lo que crea la nueva normativa es "inseguridad jurídica" cuando el ministro de Medio Ambiente "ha pregonado" justamente lo contrario. "Está abriendo nuevas inseguridades que ya estaban resueltas con la anterior ley", añadió.
En cuanto a lo positivo de esta reforma, resaltó la potestad que se da al Estado para frenar desarrollos urbanísticos que vayan en contra de la protección medioambiental y el hecho de que se vaya a obligar a todas aquellas concesiones e instalaciones a inscribirse en el registro.
Finalmente, Ecologistas en Acción considera que las líneas de modificación de la Ley de Costas suponen la "antesala" de la privatización del litoral y que la ampliación de la concesión a 75 años y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles dejarán los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses privados.
"Supone una privatización encubierta de la costa y el sacrificio del dominio público marítimo-terrestre a la especulación urbanística y a los intereses privados", señala la organización en un comunicado.
Según asegura, "la burbuja inmobiliaria no sólo ha degradado y especulado sobre toda la franja costera, sino que ahora el ministro Arias Cañete y su gabinete pretenden hacerlo también con los bienes públicos existentes en el litoral".
Ecologistas en Acción considera que la nueva norma no sólo no aumentará la seguridad jurídica, como proclama, sino que "la gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que plantea tendrá justo el efecto contrario".
La organización recalca también que aumentar la "flexibilidad" en las playas urbanas "no traerá sino nefastas consecuencias para el equilibrio de la franja litoral, así como un efecto negativo sobre los usuarios" de las mismas.
Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas en estos términos, que van encaminados a la "privatización y degradación" del litoral, y se apueste por una estrategia de adaptación al cambio climático en la costa, que es lo que realmente se necesita.