Los indígenas ecuatorianos dicen NO a Correa

Llegar hasta el territorio de los Sarayaku no es nada fácil. Dependiendo del clima se puede llegar a través del río Bobonaza en unos tres días. Adentrarse a pie en el interior de la selva puede suponer ocho días de viaje.

Para esta comunidad indígena ecuatoriana, uno de los asentamientos más antiguos del Pueblo Kichwa, el territorio está ligado a un conjunto de significados espirituales: cada elemento natural tiene un Supay (espíritu).

Además de este carácter especial, los Sorayaku dependen de sus recursos naturales para vivir, ya que el 90 por ciento de sus necesidades alimenticias provienen de su propio territorio, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La tierra también representa la "principal herencia de sus hijos".

En 1996 Estado de Ecuador concedió una licencia a la empresa petrolera CGC para explotar más de 200.000 hectáreas de bosques vírgenes en donde habitaban distintas poblaciones indígenas.

Y a partir de entonces, los espíritus Supay de los Sorayaku empezaron a convivir con unos nuevos amigos: más de tonelada y media de explosivos enterrados, residuos contaminantes para los ríos, y un centenar de agentes de las Fuerzas Públicas del Estado.

Después de varios conflictos entre la petrolera y los Sorayaku (la CIDH relata todo un informe de agresiones, extorsión y violación de derechos humanos contra los indígenas) la empresa decidió retirarse en 2004. Pero las minas aún continúan enterradas entre los espíritus y la historia de los Sorayaku es solo un ejemplo.

Ahora, el Gobierno de Ecuador ha vuelto a levantar las iras entre la población indígena.

Criminalización, extorsión e irregularidades sistemáticas

El pasado 5 de marzo, la Administración de Rafael Correa firmó un contrato con la empresa minera Ecuacorriente, controlada por capital chino, abriendo la veda para la explotación a gran escala. 

Con una inversión de más de 1700 millones de dólares, este megaproyecto denominado Mirador, permitirá entre otras actividades la explotación de cobre en la cordillera Cóndor de la Amazonia ecuatoriana. 

Más de 500 indígenas, entre otros miembros de los Sorayaku, recorren el país desde el 8 de marzo para levantar su voz contra esta vía de explotación, hasta ahora inexistente en Ecuador. A su caminata también se han sumado campesinos, trabajadores, estudiantes y docentes para agitar el movimiento nacional que llega hoy a Quito.

Ya en 2010 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) alertó sobre el proyecto de Ecuacorriente insistiendo en el probadio impacto medioambiental y social sobre las comunidades indígenas. En su informe, la organización denunció:

Ausencia de mecanismos de consulta a las comunidades locales apropiadosUn proceso de adquisición de tierras caracterizado por irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento.La ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambietales como la contaminación del agua.La represión y criminalización de los que se oponen a los proyectos mineros y la extorsión utilizada por la empresa minera. 

"El agua es más importante que el oro"

Entre los gritos y las consignas de esta nueva marcha, como por ejemplo "El agua es más importante que el oro", subyacen las reivindicaciones históricas de un pueblo que, según organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, ha sido y continúa siendo sistemáticamente ignorado.

Un ejemplo: el pasado septiembre, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas instó al Gobierno de Correa a que no otorgara concesiones para la extracción de recursos naturales sin una consulta legítima a las comunidades indígenas afectadas.

Esta vez la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (la Conaie) ha sido la convocante de una marcha que reclama principalmente la nulidad del contrato con Ecuacorriente. Pero además, la derogación de la Ley Minera (que consideran inconstitucional) y el respeto real a la autodeterminación de los pueblos en aislamiento voluntario.