Barcelona, 3 oct.- Once miembros de la familia Jodorovich que son juzgados en la Audiencia de Barcelona por tráfico de armas y drogas han negado hoy esas acusaciones y han sostenido que sus ingresos proceden del negocio inmobiliario y del transporte, así como de la recaudación de algunos comercios.
En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra once de los Jodorovich, clan familiar gitano de Barcelona vinculado históricamente al mundo del crimen organizado, que afrontan penas de hasta 25 años y 11 meses de prisión por delitos contra la salud pública y tráfico de armas.
El juicio contra los miembros de esta familia procedente de Hungría que después se emparentó con clanes gitanos de Barcelona, deriva de una operación policial que se llevó a cabo en el año 2008 en varios domicilios y establecimientos comerciales del barrio barcelonés de Zona Franca, donde se incautaron grandes cantidades de drogas y un arsenal de armas.
En el banquillo de los acusados se han sentado hoy el patriarca del clan, tres de sus hijos y otras siete personas vinculadas al grupo, aunque uno de los acusados no ha comparecido a la vista oral y está declarado en rebeldía.
Los procesados se han negado a contestar a la Fiscalía y sólo han respondido las preguntas formuladas por sus defensas. Durante estas respuestas, el patriarca del clan, Aquilino, ha negado que su familia esté relacionada con el tráfico de armas o de drogas.
El principal acusado ha señalado que su clan vivía de la concesión de préstamos y del negocio inmobiliario, así como de dos bares y una carnicería que tenían en la Zona Franca de Barcelona y una flota de cinco camiones dedicados al transporte de mercancías.
En la misma línea que el patriarca han declarado sus tres hijos, que afrontan una petición de pena de 21 años y 10 meses de prisión y han alegado que se dedican a la compra-venta de coches y a gestionar los negocios de su padre.
El resto de acusados, algunos de los cuales residían en los pisos donde se encontraron las drogas y las armas, se han escudado en que no sabían por qué motivo se encontraron estupefacientes en sus casas, además de pistolas automáticas de distintas marcas, rifles Kalashnikov y munición diversa.
Asimismo, otro de los procesados ha alegado que es consumidor de cocaína y que se encontraba en uno de los pisos registrados por la policía autonómica porque le dejaron entrar en esa casa para tomar su dosis.
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