Los militares también cargan contra la ley que ha enfrentado al cgpj y a la fiscalía

La Asociación Unificada de Militares Española (AUME) manifestó hoy su oposición a los cambios que desarrollará la ley de agilización procesal, en trámite parlamentario, y que está provocando críticas cruzadas entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.
AUME, en un comunicado, traslada la "preocupación y malestar" ante "las consecuencias, severamente negativas" que pueden producirse si se aprueba la propuesta del Gobierno de imponer las costas procesales a quienes recurran decisiones de la Administración ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Según este colectivo militar, de prosperar esta medida, "en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".
Hasta ahora la imposición de las costas se ligaba, según AUME, al sostenimiento de la acción o a la interposición de recurso con mala fe o temeridad, lo que suponía que no se impusieran las costas en los procesos contenciosos-administrativos a los que acudían los militares para la defensa de sus intereses y derechos legítimos.
Ante esto, entienden que la Administración verá "reforzada su posición privilegiada y quedará prácticamente suprimido el derecho fundamental a la obtención de tutela judicial" porque consideran que apelar será un "acto heroico".
A ello añaden que, si no se consolidan los cambios en la Ley de Derechos y Deberes para reforzar el derecho de asociación profesional, la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación, a todo ello se suma que los militares no podrán manifestarse en la calle para mostrar su oposición a las normas o políticas que les afecten en materias sociales, económicas y profesionales y no podrán acudir a los tribunales de justicia para defender sus derechos.
Se trata, dice AUME, de "un escenario que más parece propio de países no democráticos".