Los ministros franceses publican sus patrimonios para acallar el caso Cahuzac

París, 14 abr.- Los ministros del Gobierno francés tienen hasta mañana de plazo para publicar su patrimonio, dentro del plan anunciado por el presidente, François Hollande, para combatir la corrupción tras el escándalo del exministro Jérôme Cahuzac.

Los miembros del Ejecutivo son los primeros políticos en verse obligados a presentar a la opinión pública sus bienes para dar ejemplo antes de la presentación, el próximo día 24, de un proyecto de ley que debería ampliar a los parlamentarios e incluso a representantes locales esta regla, generadora de fuerte polémica.

La controversia sobre la pertinencia de inmiscuirse por ley en la privacidad de los políticos la ha levantado, sobre todo, la oposición de derechas, que denuncia una maniobra de diversión frente al caso del exministro socialista de Hacienda Jérôme Cahuzac.

Cahuzac fue sustituido el 19 de marzo pasado al reconocer que tenía una cuenta en Suiza desde hacía una veintena de años, después de que durante más de tres meses lo hubiera negado ante el Parlamento, ante los medios de comunicación, ante otros miembros del Gobierno e incluso ante Hollande.

El anterior primer ministro, el conservador François Fillon, criticó hoy el proyecto del Ejecutivo y en particular que lo presente como un ejercicio "de moralización, como si la política fuera inmoral", y precisamente en respuesta por un escándalo ante el que, a su juicio, Hollande tendría que haber reaccionado antes.

"No votaré esa ley porque no tiene nada que ver con la situación" y no hubiera evitado lo ocurrido con Cahuzac, advirtió en una entrevista radiotelevisada Fillon, que dijo que va a examinar con su partido, la UMP, la actitud a adoptar en el debate parlamentario.

El líder conservador, que esta semana cifró su patrimonio en 722.000 euros, precisó hoy que lo había hecho para "mostrar que no tengo nada que esconder" y porque entiende que la publicación del patrimonio de los políticos es una tendencia que se está imponiendo en la inmensa mayoría de los países europeos.

Las reticencias a la publicación sistemática del patrimonio de los políticos se han manifestado también entre los socialistas, con voces tan autorizadas como la del presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, y las de los jefes de los grupos parlamentarios del partido en la Asamblea y el Senado.

Todos ellos temen un ejercicio de "voyeurismo" que acabe favoreciendo a los extremistas.

Según una encuesta publicada hoy por "Le Journal du Dimanche", un 63 % de los franceses consideran necesaria la futura ley sobre la declaración del patrimonio de los cargos públicos, algo con lo que disiente el 36 %.

Más de una decena de ministros se habían adelantado hoy a la publicación formal en la web del Ejecutivo (www.gouvernement.fr) prevista mañana por la tarde, al dar a conocer en los medios de comunicación las casas, pisos, inversiones u otros bienes de los que son propietarios, y con la valoración que les atribuyen.

De ese grupo, la cifra más alta la dio la titular de Sanidad y Asuntos Sociales, Marisol Touraine, con 1,4 millones de euros de patrimonio, que confirmó así pagar el impuesto de solidaridad sobre la fortuna.

Un impuesto del que tampoco se duda que es contribuyente el jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, heredero de uno de los mayores marchantes de arte de principios del siglo XX, al que sólo le quedan unas horas de confidencialidad sobre la magnitud de su fortuna.

El ministro de la Reconstrucción Productiva, Arnaud Montebourg, que simboliza el ala izquierda del Partido Socialista, fue uno de los primeros en lanzarse al declarar tener en total 600.000 euros.

Los dos ecologistas del Ejecutivo, la responsable de Vivienda, Cécile Duflot, y el de Desarrollo, Pascal Canfin, en línea con la filosofía de la transparencia de su partido, también se apresuraron a comunicar sus haberes patrimoniales, de 235.000 y 575.000 euros respectivamente.

El ministro de Finanzas, Pierre Moscovici, en espera de un informe detallado, adelantó que sus propiedades se limitan al dúplex que tiene en su feudo electoral de Montbéliard.

Ese patrimonio no parece ser ahora mismo la principal preocupación de Moscovici, que ha estado sometido a fuerte presión durante toda la semana por las sospechas de que cubrió a Cahuzac desde que la prensa reveló en diciembre que tenía una cuenta en Suiza y hasta su dimisión en la penúltima semana de marzo.

Unas sospechas que no se han extinguido y que, de confirmarse, le obligarían a dimitir y dejarían a Hollande -por los suelos en los sondeos-, en una situación todavía más complicada.