Los nuevos policías deberán tener aprobado como mínimo el bachillerato

    • El Gobierno prevé exigir el bachiller como requisito para acceder al cuerpo, cuando hasta ahora basta con haber cursado ESO.
    • También tiene la intención de exigir un grado universitario para entrar como inspector, puesto al que hoy se puede aspirar únicamente con una diplomatura.
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, junto al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, junto al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Los estudios internos en la Policía y su homologación con los títulos oficiales son foco de polémica constante dentro de la corporación, donde más de la mitad de los jefes no cuenta con formación universitaria superior. El objetivo de la Dirección General, sin embargo, es que los mandos del cuerpo tengan todos carrera académica. De ahí que, entre lasnovedades que el proyecto de Ley de Personal prevé imponer en la institución, destaque el incremento de los requisitos académicos que un ciudadano debe haber cursado antes de acceder al cuerpo.

Si hasta el momento bastaba con haber aprobado la Educación Secundaria Obligatoria para aspirar a una plaza como policía –la categoría más baja dentro de la institución–, hoy esa exigencia se hace más dura y la Administración pedirá que el candidato tenga al menos el título de Bachillerato.

Por otro lado, si hoy es suficiente con estar diplomado para optar a ser inspector de la Policía –categoría de responsabilidad–, tras la aprobación de la norma será necesario estar en posesión de un título universitario de grado. Así lo establece, en concreto, el artículo 26 de nuevo texto, que aún no ha sido entregado a los grupos políticos de la cámara baja.

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La norma incluye otras reformas, como el cambio de denominación de la corporación, que de Cuerpo Nacional de Policía pasará a llamarse Policía Nacional, una terminología que no gusta a muchos de los componentes de la institución porque recuerda a una de las dos fuerzas que dieron lugar a la unificación y que además tenía carácter militar.

Desde la Dirección General, sin embargo, argumentan que se trata de una modificación puramente práctica, que tiene el fin de aprovechar la marca Policía, así como poner negro sobre blanco una denominación que todo el mundo utilizaba ya en la calle.

Las acusaciones de militarización, por su lado, han sido frecuentes desde que Ignacio Cosidó llegó a la corporación. No en vano, los sindicatos le han criticado la aprobación de otras normas, como el saludo o la referente a la uniformidad, que según las organizaciones profesionales tratan de imprimir un cariz militar a la institución.

La Ley de Personal también crea tres nuevas categorías dentro de la corporación. Por un lado, la de comisario general, que se reservará únicamente para los comisarios principales que ocupen uno de los 34 cargos más altos: subdirector o jefe superior de comisaría regional. Por otra parte, la categoría de inspector jefe será sustituida por la de subcomisario y se creará un nuevo rango entre el subinspector y el inspector que se denominará subinspector mayor.

La polémica que provocó el incremento del número de condecoraciones al mérito policial, incluida en un principio en la ley,hizo que la Dirección General retirará la idea, que finalmente llegará al Congreso de los Diputados sin reservar un capítulo a las medallas, aspecto que será abordado en otro contexto normativo.

La Ley de Personal era un texto que los sindicatos llevaban años esperando y sobre el que había muchas expectativas. Sin embargo, actualmente todos los sindicatos se oponen a que la norma salga adelante tal y como está redactada. Las cuatro fuerzas que representan a los funcionarios en el Consejo de la Policía coinciden en que el punto más inapropiado es el que obliga a los miembros del cuerpo a pasar a segunda actividad (una especie de prejubilación) a una determinada edad.

Los sindicatos han advertido de que esta obligatoriedad provocará la salida masiva de miles de funcionarios, si la norma se comienza a aplicar de golpe. Esto reduciría drásticamente el número de efectivos de un cuerpo que ya lleva cuatro años sufriendo la escasa oferta pública de empleo, que ha provado que en este tiempo la Policía haya perdido alrededor de 6.000 miembros.

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