Madrid, 22 may.- El sector del taxi ha pedido a las administraciones públicas que tome medidas contundentes ante la implantación en España de la aplicación móvil UBER y su servicio UBER POP, que conecta a usuarios con conductores particulares, no profesionales, "incumpliendo toda la ley de transporte".
Las asociaciones nacionales del sector del taxi de toda España (FEDETAXI, UNALT y CTE), que inciden en la ilegalidad de la compañía estadounidense UBER, implantada desde hace un mes y medio en Barcelona y con planes de expansión a otras ciudades españoles, han anunciado movilizaciones en Madrid para el próximo 11 de junio, de 11 a 13 horas.
Dado que el problema afecta a todo el territorio europeo, las asociaciones españolas se reunirán, a finales de mayo, con organizaciones del Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y Portugal, para coordinar las acciones pertinentes en defensa de los intereses del sector y una posible concentración de representantes en Bruselas en contra de UBER, presente ya en unas 115 ciudades del mundo.
El presidente de FEDETAXI, Julio Moreno, ha señalado hoy, en una rueda de prensa, que el sector no descarta más movilizaciones, incluso convocar un paro, si el Ministerio de Fomento, con quien se reunirán la próxima semana, y las administraciones autónomas y locales no plantan cara a este tipo de empresas que como UBER disponen de muchos medios para ejercer presión a todos los niveles.
El sector espera que se le cierre la puerta a UBER, obligándole a cumplir la ley y sancionando prácticas ilegales, lo que ya ha ocurrido en Bruselas, donde se han impuesto multas de 10.000 euros a los usuarios de este servicio.
Las asociaciones esperan que las administraciones no cedan al chantaje de esta empresa, valorada en 3.500 millones de dólares -cifra que supone la facturación anual de todo el sector del taxi en España-, cuya estrategia es provocar un problema y obligar a un cambio normativo, hecho a su medida.
Según el sector, UBER POP oferta servicios de transporte prestados por coches particulares, lo que supone la infracción de la legislación vigente en materia de transporte de viajeros, así como, un fraude laboral y tributario al tratarse de personas sin alta en la Seguridad Social como autónomos y sin estar sujetos a licencia fiscal, ni contribuir a las arcas del Estado, ni pagar IVA o retenciones.
"Se trata claramente de una actividad económica sumergida, pudiendo ser personas que, cobrando el subsidio de desempleo, hagan esta actividad sin ningún tipo de control por las administraciones", advierten desde el sector.
Tampoco ofrecen garantías para los usuarios como la cobertura de 50 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil de los viajeros en caso de accidente.
El presidente de UNALT, Santiago Fraile, ha aclarado que los profesionales del taxi no buscan ningún tipo de proteccionismo hacia el sector, sino que se trata de evitar una situación de "tremenda inseguridad" que se crea al usuario, que queda totalmente desprotegido, ya que, a la hora de reclamar, resulta que la sede de la compañía se encuentra en Holanda.
El vicepresidente de CTE, Gabriel Moragues, que ha calificado la situación de "esperpéntica" y de un "atrevimiento" por parte de UBER de exigir que se cambie la ley, para que pueda seguir expandiendo por Europa su negocio, que consiste en quedarse con el 20 % de la tarifa que paga el usuario y que varía en función del servicio solicitado y la ciudad.
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