Los usuarios de gas pagarán 1.350 millones de indemnización por la plataforma Castor

El Gobierno ha aceptado este viernes la renuncia de Escal UGS a la concesión del almacén de gas Castor. La indemnización para la compañía, participada en un 66,7% por ACS, ascenderá a 1.350 millones de euros y será pagada por los consumidores en el recibo de gas durante 30 años.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El importe de la indemnización lo asumirá en un primer momento Enagás, empresa transportista, y posteriormente el sistema gasista, es decir en última instancia, los consumidores.

También se ha anunciado que desde ahora, el almacén de gas de Castor hibernará. Según el Ejecutivo se ahorrará 110 millones de euros cada año.

Para financiar este proyecto, Escal UGS (la empresa que consiguió la concesión) recurrió al Banco Europeo de Inveriones (BEI) y emitió bonos por un importe de 1.400 millones. La indemnización recibida servirá para pagar esos compromisos con los bonistas.Reacciones a la decisión del Gobierno

El desembolso que tendrán que hacer los usuarios de gas, pese a no suponer una gran cantidad en su factura, ha levantado ampollas. En los municipios afectados por los seismos de septiembre de 2013, Peñíscola, Benicarló y Vinarós entre otros, han lamentado que sean los ciudadanos los que tengan que costear un error que no han cometido ellos.

Por otro lado, Compromís tilda todo el proceso de "manual de cleptocracia". El PP prefiere colar el mensaje del ahorro. La hibernación de castor será 110 millones más barata que la explotación del gas almacenado.

La asociación de consumidores FACUA acusa al Gobierno anterior de inepto y de despreciar a los ciudadanos.Castor es el único contrato con indemnización por negligencia

El contrato de concesión a ACS y la canadiense CLP, que también participa en la entidad con un 33,3% de sus títulos fue regulado por el Real Decreto 855/2008, firmado por el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián. La norma establece dos tipos de indemnizaciones en el caso de que el proyecto finalmente no pueda realizarse. Si la búsqueda de gas se paraliza por daños a terceros, el Estado tendría que devolver a la entidad explotadora el total de su inversión: 1.693 millones de euros.

Si el fin del contrato viene dado por negligencia de la empresa, el Gobierno tendría que devolver todo el dinero gastado por la compañía salvo la pérdida de valor por el paso del tiempo, según establece el artículo 14 del contrato. Por tanto, el Gobierno blindó a ACS y CLP ante cualquier tipo de eventualidad.

Finalmente se pagarán 1.350 millones de euros, frente a los 1.600 que podría haber supuesto el desembolso estatal.

Lo otros dos proyectos que muestran características similares en España son los de Gaviota y Yela. En estos casos, no se establece en ninguna cláusula indemnización alguna por negligencia de la empresa. ACS y CLP consiguieron arrancar al Gobierno socialista un contrato lleno de exclusividades que no se concedieron en el resto de casos.

El Gobierno impugnó el 11 de mayo de 2012 este apartado de la norma ante el Tribunal Supremo. La Justicia no anuló la cláusula. Finalmente Escal UGS recibirá el importe de su deuda para financiar el proyecto pese a que los expertos concluyeron que los seísmos de septiembre de 2013 en la costa valenciana fueron provocados por la inyección de gas en el almacén submarino de Castor.