Lula defiende el acuerdo de Copenhague y es optimista sobre la próxima cumbre

Río de Janeiro.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió hoy el acuerdo logrado en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que se celebró en Copenhague la semana pasada, y se mostró optimista para la próxima reunión, que tendrá lugar en México en 2010.

"El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, China, la India, Sudáfrica y Brasil solucionó el problema de (suceder el tratado de) Kyoto", dijo Lula en el programa radiofónico Café con el presidente.

El líder brasileño confió en que "hasta el encuentro de México" sea posible alcanzar un acuerdo para "definir una política mundial" que permita frenar el calentamiento global.

Lula consideró que tras la cumbre de Copenhague quedó un sentimiento de que los gobernantes "van a tener siempre entre sus prioridades" la cuestión de la lucha contra el cambio climático.

El mandatario aprovechó para criticar a los países industrializados que, según él, son los "más culpables" por el calentamiento global.

Reiteró que la meta de reducción de emisiones de Estados Unidos, de un 4% con respecto a los niveles de 1990, es "muy pequeña" y afirmó que esta posición alentó a otros países ricos a reducir sus pretensiones.

"Estados Unidos, al tomar esa actitud, hizo que muchos países europeos y Japón quisiesen acabar con Kyoto sin dejar nada en su lugar, para no tener más compromisos con metas y tampoco en financiación, lo que es muy grave", concluyó Lula.

Lula también incidió que en el seno de la cumbre de Copenhague, Brasil "fue reconocido como el país que presentó la mejor propuesta" de reducción de emisiones.

Brasil presentó una meta voluntaria de reducción de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero de entre un 36,1 y un 38,9% hasta el 2020, con respecto a los niveles de 1990.

Este objetivo pasa por la reducción de la deforestación de la Amazonía en un 80%, lo que supondría cortar la principal fuente de emisión de gases del país suramericano.

Como recordó hoy Lula, esta propuesta ha sido aprobada por el Congreso como ley, por lo que se ha convertido en una "obligación" que tendrán que cumplir los presidentes que sucedan al gobernante, que dejará el cargo al final de 2010.