Madrid cree que el caso Aneri ha ayudado a mejorar el control de subvenciones

Madrid, 14 jun.- La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha opinado que el 'caso Aneri' ha servido para que las administraciones se conciencien de que deben supervisar sus subvenciones y de que los planes deben estar en permanente renovación, porque los sistemas pueden dejar de funcionar.

Durante una entrevista con EFE, la consejera se ha referido al caso de presunto fraude en la gestión de las subvenciones públicas para los cursos de formación, que ha afectado a 2,6 millones de euros concedidos por la Comunidad a empresas, sindicatos y asociaciones para la formación continua de los trabajadores.

Un caso que ha hecho daño, pero que a la vez ha servido para "tomar conciencia de que hay que estar encima de las cosas y, sobre todo, de que lo que ha funcionado durante un tiempo no tiene por qué funcionar en el presente o en el futuro. Hay que estar en absoluta y permanente renovación", afirma.

El 'caso Aneri', prosigue, ha servido a la Comunidad de Madrid para dejar claro que tiene "tolerancia cero" con quienes malversan los fondos públicos, y recuerda que se han adoptado medidas contra quienes han hecho un mal uso de las subvenciones, a los que no sólo se ha reclamado la devolución de las ayudas, sino que se les ha sancionado con el triple del importe del dinero mal justificado.

Y es que, asegura la consejera, quienes han defraudado no sólo han hecho perder el tiempo a la Administración, sino también a las empresas y, en última instancia, a los trabajadores, creando expectativas con planes de formación que no se han desarrollado.

Critica además a las empresas, asociaciones o sindicatos que no comprobaron si los cursos se estaban desarrollando y si tenían la calidad que se esperaba de ellos, cuando por ley podían gastar hasta el 10% de la subvención para auditar los cursos.

Mariño confía en que este caso haya servido al menos "para que todos los actores tomen conciencia de que la formación es muy importante, que no se puede subestimar o tomar a la ligera".

Por lo pronto, asegura que cuando llegó a la Consejería de Empleo lo hizo con la intención de "transformar el ADN de la formación continua", porque ya entonces pensaba que tal y como estaba planteado "no funcionaba".

Así, ha impulsado cambios tanto en los cursos que se subvencionan -dando prioridad a los que buscan que el trabajador mejore sus habilidades y excluyendo aquellos que, a su juicio, no lo hacen, como los de 'risoterapia' o 'cómo negociar un convenio colectivo'- como en la responsabilidad de la Comunidad sobre estas subvenciones.

En este sentido, recuerda que la normativa del Estado establece que las autonomías deben controlar el 5% de lo que se destina a formación, porcentaje que la Comunidad de Madrid ha elevado al cien por cien.

"Aquí pedimos las facturas; en otra comunidades, como Andalucía, no hay facturas, hay una relación de gastos", sostiene.