El paisaje de calles llenas de terrazas de bares en la ciudad de Madrid afronta su último verano. La situación que se permitió para reforzar a la hostelería tras el duro golpe que sufrió por el cierre de su actividad tiene fecha de caducidad. Concretamente, el 1 de enero de 2022 no se permitirá que haya tantas mesas y sillas. Aunque algunas sí se quedarán. Eso es lo que está discutiendo ahora el Ayuntamiento de Madrid, que está preparando la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración para adaptarla a la realidad postcoronavirus. Una norma en la que se definirá qué bares que antes no disponían de espacio en el exterior podrán mantenerlo para asegurar su viabilidad. Y en la que, de paso, se volverá a cobrar por la tasa correspondiente por poder servir al público en la calle. Para lo que tendrán que solventar el escollo de las quejas de los vecinos. Sobre todo, en distritos afines al gobierno municipal.
La medida de extender el espacio de los locales para que ocuparan plazas de parking o acapararan más zonas destinadas a los peatones fue un balón de oxígeno para el sector. El confinamiento y una reapertura condicionada por las restricciones de horario y de aforo impedían por completo que los bares y restaurantes pudieran recuperar la normalidad previa a la crisis sanitaria. A lo que se sumó el miedo al contagio en los interiores, motivando que se restringiera también el consumo en ese ámbito. Las terrazas eran la única salida. El consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida abrió la mano y facilitó que ocuparán numerosas zonas que no les correspondían. A lo que sumaron una suspensión del pago de las impuestos por tener estas que comenzó con la Covid-19 y durará hasta 2022.
El nuevo texto que ya está preparando la alcaldía junto a la vicealcaldía de Begoña Villacís es la que traerá luz sobre el futuro de esas terrazas que no existían antes de la llegada del coronavirus. Fuentes del consistorio aseguran que son conscientes de que "gracias a ellas se han salvado miles de empleos". Además, destacan que la ciudadanía fue "muy comprensiva" y ayudó en todo momento a la hostelería. Pero la intensificación de las protestas ha provocado que el ayuntamiento mueva ficha. Sobre todo, porque una parte considerable de quienes piden el fin de la situación se encuentran en distritos que suelen votar al PP, el partido del alcalde. Es lo que ocurre en Retiro, donde ya hay convocada una manifestación el 12 de junio en la zona de Ibiza. En los comicios del 4-M, más del 50% del censo de esa zona votó a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
El fin de estas excepciones será todo un golpe para los hosteleros. El primer aviso llegó esta semana, cuando se obligó a las conocidas como 'terrazas Covid' a cerrar a medianoche. Ahora mismo, la restauración vive una etapa que no tiene precedentes. Además de contar con una demanda muy elevada, se ahorran un dinero importante en impuestos. Una etapa soñada que el 1 de enero tocará a su fin. Para empezar, tendrán que volver a pasar por caja por tener terraza. En 2021 no tienen que abonarla, lo que supone para el Ayuntamiento una pérdida de ingresos superior a los 11 millones de euros. Una cuestión que chocará especialmente a quienes lograron sitio en los exteriores por la permisividad por el virus, ya que estos hosteleros nunca han pagado dicho gravamen. La medida aliviará la caja municipal, que por la política de bonificaciones de la crisis sanitaria ha sufrido una merma.
A este varapalo se sumará el de seleccionar cuáles se quedan y cuáles no. Actualmente, y gracias al final de las restricciones y a esos aumentos de espacio, que les permitieron, bares y restaurantes cuentan con mucho más espacio para acoger clientes que antes de que la Covid-19 diera el golpe a sus negocios. Según las asociaciones del sector, acabar con esta medida les volverá a poner en jaque. Sus cálculos apuntan a que podrían perderse hasta 6.000 empleos y estaría en cuestión la viabilidad de hasta 2.000 locales de hostelería. Algo que en el Ejecutivo local tendrán local, según las fuentes consultadas por esta redacción. Pero insisten en que no pueden impedir que los vecinos descansen.
Armonizar negocios y comodidad, el reto de Almeida
Hasta el momento, las quejas eran menores y no había lío con las terrazas. Los problemas estaban muy localizados. Uno de los pocos focos de conflicto estaba en el distrito de Chamberí, con los bares de la calle Ponzano como protagonistas del rechazo de los vecinos. Todo cambió con el fin del estado de alarma. Tras pasar la página de cuestiones como el toque de queda, ir a los bares empezó a tener menos límites. Un ingrediente que favoreció el consumo junto a la mejoría de los datos de contagios gracias a las vacunas. Además, se produjo la llegada del buen tiempo, con la primavera en sus últimos estertores antes de dar paso al verano. Las imágenes de mesas y sillas en todas partes se pudieron ver en todas partes.
Desde entonces, los vecinos de distintos barrios se levantaron y convocaron incluso manifestaciones. Las quejas no solo tenían que ver con el ruido nocturno que llegaba desde las zonas de los bares. Aunque esta sí era la queja principal de la zona antes mencionada de Chamberí, donde los vecinos ya se han manifestado en varias ocasiones y han remitido una carta a Isabel Díaz Ayuso para pedirle un remedio a la problemática. También se denunció que los hosteleros ocuparon zonas completas de las aceras o incluso los parques infantiles, impidiendo así que los niños pudieran jugar. Por lo que las regulaciones permitieron que la mayor parte del espacio público acabara compartido con los hosteleros.
Los argumentos del consistorio de Almeida pasan por intentar armonizar el descanso y la tranquilidad de la ciudadanía con facilitar que los hosteleros puedan desarrollar su actividad con muchos más recursos. Aun así, las fuentes consultadas por este diario son realistas, y saben que no lloverá a gusto de todos. Donde se mantengan las terrazas Covid, protestarán los vecinos. Mientras que en los puntos en los que se les retire la autorización, habrá dueños de negocios levantándose y advirtiendo de que les harán daño. O que incluso pueden llevarles a la ruina, como aseguran las patronales. Una polémica que está por ver si desgasta al primer edil. Las elecciones aún quedarían lejos, al estar fechadas para mayo de 2023.
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