Mañana juzgan por el caso Malaya al exedil del GIL que estuvo fugado

Málaga, 8 jun.- El exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) Francisco Javier Lendínez, que estuvo durante casi cinco años fugado, será juzgado a partir de mañana por el caso Malaya contra la corrupción en Marbella.

El exedil será trasladado desde la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) para sentarse en el banquillo de los acusados y se enfrentará a diez años de cárcel y dieciocho de inhabilitación.

El tribunal, que necesitó 199 sesiones para el macrojuicio, vuelve a celebrar una vista oral por el mismo caso, aunque no será tan compleja ni tendrá la misma repercusión mediática, ya que en el anterior había trescientos periodistas acreditados.

Fuentes judiciales han indicado a Efe que la Sala tiene previsto que la vista oral se celebre los días 9, 10 y 11 de junio y dos de los condenados en el macrojuicio -el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz-, comparecerán en calidad de testigos.

El que fuera concejal en Marbella de 1999 a 2003 fue detenido en octubre del pasado año en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando, tras introducir sus datos en el sistema, se avisó a las fuerzas de seguridad de que se trababa de un fugitivo de la justicia.

Lendínez se encuentra en prisión provisional por esta causa, ya que el tribunal denegó su libertad provisional antes de ser juzgado por los delitos que está acusado.

Fue miembro del equipo del GIL hasta que la moción de censura contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz lo apartó del poder en agosto del 2003, momento en el que se mantuvo en la oposición.

Tras el arresto de Lendínez, aún están en situación de busca y captura el exconcejal del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández y el empresario José Manuel Llorca.

En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, se señala a Lendínez "entre las autoridades y funcionarios que han venido recibiendo dinero de la caja única de Roca" y al que se le identificaba con las iniciales de sus apellidos "LB" en los archivos informáticos localizados en la empresa Maras Asesores.

La acusación pública le atribuye la recepción de 12.000 euros en sobres a su nombre y también que presuntamente "participó en el cobro de dinero que se reparte en sobres innominados".

Mediante tales pagos, Roca consiguió igualmente, atraerse la voluntad de otros concejales que, como Lendínez, en primer momento no apoyaron la moción de censura.

El sentido de los pagos a este concejal, según Anticorrupción, "era mantener el status quo urbanístico, esto es, permitir que las cosas se quedasen como estaban, contribuyendo a consolidar" la política urbanística de Roca.