Marlaska tirará de parados del PER en Andalucía para reconstruir casas cuartel

  • Interior firma acuerdos con 23 ayuntamientos para aprovechar las ayudas a desempleados en su plan de reforma de instalaciones de la Guardia Civil.
Fotografía Casa Cuartel Utrillas / Heraldo
Fotografía Casa Cuartel Utrillas / Heraldo

El Ministerio del Interior tirará de desempleados, preferentemente jornaleros del sector agrícola, adscritos al Programa de Fomento del Empleo Agrario -el antiguo PER- para ejecutar las labores de reconstrucción de 23 casas cuartel en Andalucía, en el marco del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado que prevé invertir 600 millones de euros en seis años (periodo 2019-2025) en reformar  comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil que requieren una remodelación urgente.

Interior rubricó el pasado 11 de diciembre los acuerdos de encomienda de gestión con los ayuntamientos en que se ubican esas instalaciones, que le permitirán 'meter' parte de los gastos de personal asociados a estas obras dentro del programa de fomento del empleo agrario y, por ese cauce, acceder a las subvenciones estatales establecidas para la contratación de eventuales agrarios. La maniobra cumplirá, por una parte, la función social de 'movilizar' a un puñado de eventuales agrarios aprovechando este programa de inversión en infraestructuras de seguridad y, por otra, abaratar también la factura prevista por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para la ejecución de estas obras.

Sólo podía hacerse a través de los ayuntamientos y de ahí que se hayan firmado esas encomiendas de gestión. La norma que regula el plan de fomento del empleo agrario, del año 1997, establece como una de las líneas subvencionables del programa la contratación por parte de las Corporaciones Locales de parados, "preferentemente eventuales agrarios". El acuerdo firmado por el Ministerio del Interior con los ayuntamientos permitirá a éstos presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal proyectos de interés general y social "aplicados a la rehabilitación y reforma de casas cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicadas en el municipio, en función de las disponibilidades presupuestarias de la dotación para el año en curso del Programa de Fomento de Empleo Agrario".

Esta posibilidad no era tal hasta el pasado año 2016. Ese ejercicio el Gobierno entonces controlado por el Partido Popular aprobó una modificación regulatoria que incluyó dentro de los proyectos subvencionables por la nueva versión del PER las obras de rehabilitación y reforma de las casas cuartel de la Guardia Civil siempre que fueran llevadas a cabo por Corporaciones Locales tras la correspondiente encomienda de gestión por parte del Ministerio de Interior. Por la redacción parece claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya tenía en la cabeza utilizar el Programa de Fomento del Empleo Agrario para abaratar la factura del plan de modernización de infraestructuras de seguridad.

Las ventajas de entrar en este programa no son pocas. Las subvenciones de Trabajo reducen el coste salarial de los desempleados contratados por este cauce y también se hace cargo de sus cotizaciones sociales, lo que se traducirá en un abaratamiento significativo de los costes de las obras. 

Un patrimonio inmobiliario que ha perdido una quinta parte de su valor

La situación de algunas de las históricas casas cuartel que la Guardia Civil tiene repartidas por España y que, en muchos casos, dejaron de estar operativas hace años es ruinosa. La situación ha sido diagnosticada hace tiempo por las autoridades de Interior y la profundidad del problema sale a la luz cada vez que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado hace su balance anual.

El último balance, correspondiente a 2018, mostraba una pérdida de valor de un 22% del parque inmobiliario de Interior con un desplome de su valor en el mercado de 36 a 28 millones de euros. Ése es precisamente el efecto que el Gobierno trata de revertir con su Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, cuyos perfiles empezó a definir el Ejecutivo anterior y que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros el pasado 18 de enero.

El plan admite que el parque inmobiliario de la Guardia  Civil ha envejecido mal, que el 28% de sus instalaciones tienen más de 50 años; que más de la mitad superan los 20; y que solo el 16% restante tiene menos de dos décadas. También, que el mantenimiento ha sido manifiestamente mejorable. Para corregir esa situación, el plan prevé una inversión total de 600 millones de euros en los próximos siete años, de los cuales 275 millones irán a la reforma de cuarteles de la Guardia Civil.

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