Más de 64.000 ciudadanos de la Comunidad Andina cobran el paro en España

Lima, 19 feb.- Un total de 64.276 ciudadanos de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) reciben las prestaciones por desempleo en España, ha informado hoy a Efe el despacho del vicepresidente del Parlamento Andino, Hildebrando Tapia.

Según esa vicepresidencia, que cita datos del Servicio Público de Empleo Estatal de España, el beneficio llega a 26.494 ecuatorianos, 19.380 colombianos, 9.367 bolivianos y 9.035 peruanos.

De un total de ciudadanos de 60 países, Ecuador ocupa la tercera posición, Colombia la cuarta, Bolivia la séptima y Perú la octava.

Primero se encuentra Marruecos, con 61.770 beneficiarios, seguido de Rumania, con 60.472.

En una nota de prensa, Tapia ha dicho que cada uno de los inmigrantes recibe de media 500 euros mensuales y considera "muy difícil" que la situación del desempleo en España se solucione a medio plazo.

"Es muy difícil que esta situación revierta al menos en un corto y mediano plazo. Por eso, va a ser muy complicado que nuestros compatriotas vuelvan a trabajar. Más bien la tendencia indica que la cifra de peruanos desempleados se incremente", ha explicado.

Según el parlamentario andino al cierre de enero pasado España tenía 4.980.778 personas desempleadas y solo durante ese mes el número creció en 132.055 personas.

"Lo que nuestros inmigrantes necesitan es trabajar, volcar toda su experiencia laboral, sentirse útiles. Por eso, hoy en el país se hace más que necesario que se apruebe la nueva Ley de Retorno", ha señalado en referencia al proyecto de ley para que se incentive el regreso de profesionales a Perú.

Un portavoz del despacho de Tapia ha informado a Efe de que el proyecto ya ha recibido los dictámenes favorables de las comisiones de Exteriores y Economía del Congreso de la República, pero aún falta que se debata por la Comisión Permanente.

Entre los beneficios planteados figura la afiliación automática, durante un año, al seguro social, la prestación de ayuda psicológica, la homologación de títulos académicos y una probable ayuda económica.

Por ese motivo, Tapia ha pedido al Congreso de la República "que no dilate más tiempo el debate de esta norma".