Miembro de la Comisión de la Verdad de Brasil ratifica que no habrá juicios

Brasilia, 11 may.- El magistrado Gilson Dipp, miembro de una comisión que investigará las violaciones de los derechos humanos durante el último régimen militar que imperó en Brasil, ratificó hoy que ese órgano no llevará ante la justicia a ningún sospechoso.

"La ley (que creó la llamada Comisión de la Verdad) es muy clara y dice que el único objetivo será recuperar la memoria, la verdad y la paz familiar para aquellos que vieron sus derechos violentados", declaró Dipp, uno de los siete miembros de ese grupo designados por la presidenta del país, Dilma Rousseff.

"La comisión es un compromiso de Brasil con su historia, con su pasado, con el esclarecimiento de la verdad de graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron", dijo a periodistas.

Para muchas organizaciones de derechos humanos, la comisión ha nacido con una seria limitación, que es la imposibilidad de llevar ante la justicia a sospechosos de haber torturado, secuestrado o asesinado durante la última dictadura (1964-1985), pues continúan amparados por una amnistía dictada en 1979.

Esa amnistía fue contestada en 2010 por diversas organizaciones sociales que pidieron su nulidad ante el Supremo Tribunal, pero la corte se pronunció en favor de su constitucionalidad, con lo que se mantiene en vigor.

Dipp, magistrado del Superior Tribunal de Justicia, insistió en que la finalidad de la Comisión no es lograr que los culpables sean castigados, sino revisar el pasado "de forma real y adecuada" para establecer la "verdad histórica".

Los siete miembros de la Comisión de la Verdad fueron nombrados por la presidenta Rousseff este jueves y la instalación oficial del grupo está prevista para el próximo miércoles.

Una de las integrantes del grupo es la abogada Rosa María Cardoso da Cunha, amiga personal de Rousseff y defensora de presos políticos durante la dictadura, un período en el que la ahora jefa de Estado permaneció dos años en prisión y fue víctima de torturas.

El grupo lo completan el fiscal Claudio Fonteles, el exministro de Justicia José Carlos Dias, el sociólogo Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el abogado José Paulo Cavalcanti Filho.

Los siete serán investidos el próximo miércoles en una ceremonia que se celebrará en el Palacio presidencial de Planalto, a la que han sido invitados todos los expresidentes de la era democrática: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.

La comisión tendrá un plazo de dos años para investigar crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988, aunque se centrará sobre todo en el último régimen militar.