Militares advierten del daño que haría el sindicalismo en las fuerzas armadas

Varios de las personas citadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para dar su opinión sobre el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas coincidieron hoy en rechazar el asociacionismo sindical.
El primero en comparecer fue el almirante general Francisco Torrente, actual presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad (Afarmade), ex secretario general de Política de Defensa (segenpol) y ex almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (ajema).
El ex almirante, que estuvo en varios puestos en el Ministerio de Defensa durante 16 años (1983-2007), recalcó que "las Fuerzas Armadas no pueden ser una institución democrática en el sentido de que en su seno no caben deliberaciones, ni su funcionamiento responde al del sufragio universal de sus miembros".
A su juicio, "las Fuerzas Armadas son una organización jerarquizada a las órdenes del Gobierno" por lo que entiende que "en la ley no debe quedar resquicio alguno por el que pudiesen deslizarse el ejercicio de formas de presión sindical encubiertas" de lo contrario "no se podrá asegurar el control civil de lo militar". Aceptarlas es "desnaturalizar" las FAS, agregó.
"Lo importante no son las FAS sino la Defensa y Seguridad de España", dijo Torrente, quien también apuntó que "las FAS necesitan de los valores de "unidad, jerarquía y disciplina". La carrera militar es "vocacional" y el que accede sabe que "tiene estrictas reglas de comportamiento", destacó.
Tras él compareció Jorge Ortega, general de división retirado y actual director editorial del Grupo Atenea, quien detalló sus opiniones del proyecto de ley en las que se destaca que todo militar tiene el derecho y el deber de conocer el español y de gozar de mayor libertad de expresión.
Rechazó que un militar deba pedir autorización para hablar con medios de comunicación porque entiende que se trata de “censura previa” y va contra la Constitución. A su juicio, es una herencia negativa del 23-F, pero que "ya vale" porque "ya pasó" el golpe de Estado, del que este año se cumplen 30 años.
El que fuera comandante general de Melilla manifestó que con esta norma parece que “desde el Ministerio de Defensa se sigue pensando más en el 23-F que lo que ocurre en Líbano”.
A preguntas de los diputados, interesados en este asunto, Ortega manifestó su contrariedad a que los sindicatos se asienten en las Fuerzas Armadas. "Me suenan a rabos y cuernos", agregó.
A este respecto, expresó que, por su experiencia, los ejércitos con "alto nivel" de sindicalismo suelen tener un "bajo nivel de operatividad". Para el ex general, aceptar la sindicación "impediría que funcionara" la institución. "Asociacionismo sí, sin duda; sindicalismo, desde luego que no"; remarcó.
MÁS DERECHOS
En el lado opuesto, se posicionó el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el brigada Jorge Bravo. Criticó que la norma se ha realizado "totalmente de espaldas a sus propios destinatarios" ha generado una "gran frustración y desmotivación" entre los miembros de las Fuerzas Armadas con la quiebra de las expectativas de aquellos militares que comenzaron sus carreras años atrás.
“Todo ello se ha traducido en una gran situación de indignidad sufrida no sólo por quienes visten el uniforme sino también por sus familias”, añadió.
Bravo hizo una defensa del asociacionismo y denunció la “falta de participación” para los militares.
Por su parte, el general José Luis Rodríguez-Villasante Prieto, general del Cuerpo Jurídico Militar retirado y director del Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española quien, hablando a título personal, abogó por ampliar los derechos de los militares.
A su juicio, "ya era hora" una norma que mejoren los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas y pidió que se regule la libertad religiosa.