San José, 4 feb.- El ministro de Justicia de Perú, Daniel Figallo, dijo hoy a Efe que el caso contra el Estado peruano por tres supuestas ejecuciones extrajudiciales que se ve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es "muy complejo" y tiene la particularidad de que aun "está abierto" en su país.
Al Estado peruano le "parece que la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) presentó de manera prematura el caso ante el sistema" de derechos humanos del hemisferio, subrayó Figallo, quien se encuentra en San José para asistir a dos audiencias en el tribunal.
"Creo que la Corte va a tener que evaluar con mucho cuidado este asunto ya que es muy complejo para dilucidar", dijo el ministro antes de la presentación de los alegatos finales en la última de esas audiencias.
La Corte IDH juzga al Estado peruano por tres supuestas ejecuciones extrajudiciales de miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en el contexto de la operación militar "Chavín de Huántar", que puso fin al largo secuestro masivo en la residencia del embajador de Japón en Lima, en 1996.
La operación milita, autorizada por el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), permitió el rescate de 71 de los 72 rehenes con vida, mientras que todos los miembros del MRTA fallecieron.
Familiares de los secuestradores y organizaciones no gubernamentales denunciaron al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no investigar el caso ni encontrar a los responsables de una presunta ejecución extrajudicial.
La demanda contra el Estado peruano indica que tres de los captores, Eduardo Nicolás Cruz, Herma Luz Meléndez y Víctor Salomón, se habrían encontrado en custodia de agentes estatales y al momento de su muerte no habrían representado una amenaza.
Figallo, quien encabeza la delegación del Estado peruano en la audiencia pública de dos días que termina hoy en la Corte Interamericana, aseguró que ellos siempre "han intentado, incluso a nivel interno, buscar la verdad".
Según el ministro hay un asunto "particular" y es que el caso todavía "esta abierto en Perú".
"En nuestro país ha habido sentencias de la Corte Suprema que incluso ha indicado que el Ministerio Público continúe investigando el caso del señor "Tito" (Eduardo Nicolás Cruz) y ha descartado las ejecuciones extrajudiciales respecto de nosotros", indicó Figallo.
La CorteIDH escuchó este martes en la audiencia a testigos, peritos y los alegatos finales de las partes relacionadas con este caso.
Las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite.
La CorteIDH es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
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