Rabat, 8 may.- El rey Mohamed VI de Marruecos nombró hoy a una "Alta instancia de diálogo nacional para la reforma de la Justicia" en el país, compuesta por cuarenta miembros y que tendrá como misión adecuar las instancias judiciales a la nueva constitución.
La instancia, de la que forman parte ocho 8 mujeres y 32 hombres, tiene por misión "una reforma profunda y global del sistema judicial", según dijo el monarca en un discurso, en el que no quedó claro cuáles serán sus plazos de trabajo o cuándo deben entregar sus conclusiones.
Entre sus miembros se encuentran el ministro de Justicia, el islamista Mustafa Ramid, varios ex ministros, los presidentes o directores de todas las instancias judiciales y tribunales importantes, los jefes de algunas agencias del Estado, varios profesores de Derecho y dirigentes de varias organizaciones no gubernamentales de distintas tendencias.
El monarca dijo que ha pensado en una "composición plural" de esta instancia para que "englobe a todas las instituciones democráticas y sectores gubernamentales y judiciales, y refleje una representación consecuente de la sociedad civil y las distintas organizaciones afectadas por la reforma del sistema judicial".
Mohamed VI glosó las características de los componente de la instancia, de quienes dijo se distinguen por "su experiencia, su integridad y la diversidad de sus sensibilidades y horizontes".
El rey les encargó armonizar la justicia con las disposiciones de la nueva constitución (aprobada en junio) "que estipulan la garantía de la Ley y la independencia de la justicia y consagran a esta última como poder independiente aparte de los poderes legislativo y ejecutivo".
La justicia marroquí es acusada con frecuencia por su falta de independencia y por la extensión de la corrupción entre sus distintas instancias.
El pasado septiembre, el presidente de una asociación llamada precisamente Adala (Justicia) y que figura entre los miembros de la Alta Instancia comunicados hoy, criticaba "la injerencia política" que sufre el sistema judicial, así como la prohibición de que existan asociaciones de jueces o la tardanza del país en aplicar muchas de las recomendaciones de la ONU al respecto.
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