"¡Parece una estación de metro!", exclamó el caudillo, Francisco Franco, al ver por primera vez la construcción casi terminada del Valle de los Caídos. Unos meses después, el 1 de abril de 1959, tuvo lugar su inauguración, que supuso el término, tras casi 20 años, de un conglomerado de infraestructuras: una basílica, una abadía, una escolanía y una hospedería sobre el granito de la Sierra de Guadarrama. Cuatro años antes, el régimen de Franco había elegido a los nuevos inquilinos que habitarían el Valle. Aunque los favoritos para ocupar el lugar eran los jesuitas o los dominicos, fue una orden procedente de Francia, y que se remonta a finales de siglo XIX, la elegida: los benedictinos. Así, desde hace sesenta años son los monjes de esta congregación los que residen allí.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la nueva ley de Memoria Democrática. Así, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, compareció unas horas después para indicar que el Gobierno busca darle una "resignificación" al Valle de los Caídos. De momento, tienen que "concretar este proyecto". Sin embargo, tienen algunas cosas claras: no contemplan retirar la cruz, pero sí hacer exhumaciones, como la del líder falangista José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, aseguran que sus actuaciones están limitadas porque es "una basílica, un lugar de culto". Por lo tanto, tendrán que negociar con la Iglesia para convertir ese espacio del norte de Madrid en un lugar que "responda a una defensa y una reivindicación de los valores democráticos".
"Estamos muy tranquilos porque hay algunas cosas de este proyecto que no tienen fundamento", dice un monje de la abadía del Valle de los Caídos, que prosigue, "la historia lo dirá todo". Los indicios apuntan a que él, junto con una veintena de religiosos más, tienen los días contados en su residencia actual. Sin embargo, al monje parece no preocuparle e incide en lo "tranquilísimo" que está él y sus hermanos. Ellos, que están al corriente de la actualidad, afirman que "la historia siempre es la historia de la salvación" y piensan que los proyectos deben buscar que "los españoles tengamos una visión más sobrenatural sobre los acontecimientos de la historia".
En el monasterio de Silos, un monje asegura que ellos "están tranquilos", pero "no saben nada" de las consecuencias que puede tener la nueva ley que prepara el Gobierno para el futuro de la orden religiosa. Aunque reconoce que no le sorprende cualquier actuación negativa contra ellos, "con este Gobierno, cualquiera sabe". También desconoce qué pasará si el Ejecutivo decide expulsar de la abadía del Valle de los Caídos a los monjes que hay allí, porque de eso se encargan "los superiores". No habría que descartar que éstos acaben siendo reinstalados en otros monasterios de la misma orden, como es el caso de Silos.
En el monasterio de Leyre -que también pertenece a estar orden religiosa y que se encuentra entre la frontera de Navarra y Aragón- un monje, que coge el teléfono, sostiene que "no sabía nada". Sin embargo, recibe la noticia, sobre una posible expulsión de los benedictinos, con preocupación y con cierta indignación, "me parece mal". Tras unos instantes de silencio, como si estuviera midiendo con prudencia sus palabras, sentencia, "estamos en democracia".
El PP derogará la ley y Vox la recurrirá
El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes, 20 de julio, en Zaragoza, que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática por ser "un atropello a las libertades".
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que en cuanto el Partido Popular llegue al Gobierno de España sustituirá la Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia, que será una norma "en positivo". Según ha añadido, se trata de hacer que "la concordia rija sobre el revisionismo histórico".
"Y esa Ley de Concordia, que tenemos ya hecha, solo en el preámbulo cuantifica en 16.000 millones de euros desde el año 75 lo que el Estado, no solo Gobierno de la nación, sino autonomías, diputaciones y entidades locales han ido dando a las familias republicanas desde que hay democracia en España", ha afirmado.
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