Munar se sentará mañana por primera vez en el banquillo acusada de corrupción

Palma, 13 may.- La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear, Maria Antònia Munar, que fue también líder de Unió Mallorquina (UM), se sentará a partir de mañana en el banquillo de la Audiencia de Palma acusada de varios delitos de corrupción por los que se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel.

Munar tendrá que responder ante la sección segunda del alto tribunal autonómico por una pieza del caso Maquillaje de corrupción que trata sobre el supuesto desvío de 240.000 euros a empresas audiovisuales cuando presidía el Consell mallorquín.

Esta no es la única causa de corrupción en que está acusada, ya que la expresidenta de UM se tendrá que enfrentar a otra pena de 6 años de cárcel por un segundo juicio del caso Can Domenge, sobre la venta de un solar público, para el que aún no hay fecha fijada.

En este primer juicio contra Munar también serán juzgados el que fuera compañero de partido y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal y otras ocho personas, quienes están acusadas de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El juicio se alargará durante dos semanas no consecutivas hasta un total de diez días, en concreto en las semanas del 14 al 18 de mayo y del 28 de mayo al 1 de junio.

Los primeros cuatro días de sesiones están previstos para las cuestiones previas y el interrogatorio de los diez acusados. Munar y Nadal declararán los últimos.

Durante los días 17, 18 y 28 de mayo declararán los casi 30 testigos propuestos por las acusaciones y las defensas, y del 29 de mayo al 1 de junio se desarrollarán la prueba documental y pericial y se expondrán las conclusiones definitivas de las partes.

El juicio corresponde a una pieza separada del caso Maquillaje, en la cual se investiga el desvío de 240.000 euros durante la legislatura 2003-2007 desde el Consell de Mallorca -gobernado entonces por UM y PP- a empresas audiovisuales vinculadas a los acusados.

Según mantiene el fiscal en su escrito de acusación, los imputados "se concertaron para beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos" a dichas sociedades, con las que, afirma, "tenían estrecha relación de propiedad".

Este desvío se hizo, según el fiscal, "con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública", con documentos oficiales "de contenido absolutamente inveraz" y con facturas falsas, todo ello para beneficiar a mercantiles "próximas a miembros destacados del partido Unió Mallorquina".

En concreto, la pieza se refiere a dos subvenciones de 120.000 euros, cada una otorgadas por el Consell de Mallorca en 2004 y 2005 a la productora Vídeo U, la mitad de la cual había sido adquirida poco tiempo antes por Munar y Nadal mediante dos testaferros o "socios aparentes", Miguel Sard y Víctor García, que se enfrentan a 2 años y 3 meses de prisión.

Munar y Nadal compraron la mitad de esta productora con 300.000 euros que facilitó la también expresidenta del Parlament balear a Nadal, quien, al igual que ella, está actualmente desvinculado de la política a raíz de sus imputaciones en casos de corrupción.

Ello lo hicieron a sabiendas, según el fiscal, de que los cargos electos no pueden participar en más de un 10 % en empresas que contratan con la Administración: "Maria Antònia Munar y Miquel Nadal tenían pleno conocimiento de la incompatibilidad legal, de ahí que buscaran una forma (uso de testaferros) que ocultara su verdadera participación en la sociedad", afirma el escrito.

Estas subvenciones tenían como objetivo financiar un programa de radio de deportes, llamado "Temps d'Esport", que debía emitir la cadena del Consell, Ona Mallorca, y que nunca se difundió, explica Anticorrupción.

Según el fiscal, Margarita Sotomayor, para quien pide 6 años de cárcel, junto a otro de los acusados, Alfredo Conde, exdirector de Ona Mallorca y administrador de la productora Studio Media, que se enfrenta a 3 años y 3 meses de prisión, convencieron al socio originario y administrador de Vídeo U, Miguel Oliver (para quien piden 1 año y 3 meses de cárcel), de que solicitara la subvención y pactaron que se repartiría a medias entre las dos empresas.