Niña nicaragüense embarazada centra nueva polémica sobre el aborto

Managua, 29 oct.- El embarazo de una niña de 12 años, violada por un desconocido, centró hoy de nuevo la polémica en Nicaragua entre las autoridades gubernamentales y religiosas y la sociedad civil sobre la penalización del aborto terapéutico.

La niña, cuyo nombre prohíbe revelar la ley nicaragüense, ha alcanzado casi su 36 semana de gestación y se encuentra en una "situación dramática", confirmó hoy a medios oficiales la primera dama y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno, Rosario Murillo.

La menor es oriunda de la lejana comunidad indígena Walpa Siksa, municipio de Prinzapolka, en el Caribe Norte, una de las más pobres de Nicaragua, reseñó este sábado el matutino El Nuevo Diario.

La niña se encuentra desde hace dos días en el Hospital Materno-Infantil Bertha Calderón, de Managua, y según el diario, que cita fuentes del centro asistencial, su situación es "crítica" porque las autoridades se niegan a practicarle un aborto terapéutico.

"Esta criatura está a punto de dar a luz. Tiene (casi) 36 semanas de embarazo y ha sido protegida, acompañada y atendida por las autoridades de Salud protegiendo y defendiendo su derecho a la privacidad", sostuvo Murillo, quien confirmó que la niña resultó embarazada producto de una violación.

Según El Nuevo Diario, los padres de la niña, a los que no identificó, solicitaron desde hace dos días a las autoridades de Salud la interrupción del embarazo porque presenta un cuadro de eclampsia (aparición de convulsiones).

Agregó que la paciente, que llegó al hospital con desgarres vaginales, está recibiendo tratamiento de mantenimiento, seguimiento fetal constante y evaluación de los latidos cardíacos y fue intervenida quirúrgicamente por presentar un proceso avanzado de sepsis.

"Nuestro compromiso con esta familia es proteger y defender la vida, máxime que aquí no estamos hablando de un embarazo incipiente. Allí hay una manipulación completa", continuó Murillo, rechazando la publicación del rotativo.

La funcionaria reafirmó que el Gobierno de Daniel Ortega protege la vida, "máxime tratándose de un embarazo a punto de concluir".

Dijo que han pedido a las autoridades de las iglesias católica y evangélica, a quienes les ha explicado "la situación dramática que enfrenta esta criatura", que "visiten, acompañen y certifiquen lo que está diciendo" el Gobierno.

Asimismo, Murillo criticó que "estas situaciones dramáticas se conviertan en comercio mediático" y su Gobierno evita "ese comercio inescrupuloso".

"No podemos estar de acuerdo en que se haga negocios con dramas personales y familiares terribles como los que está viviendo esta familia", reprochó.

Murillo dijo que la madre de la menor también es atendida por médicos y psicólogos.

Este es el cuarto caso en Nicaragua de una menor que ha quedado embarazada en los últimos años tras haber sido víctima de abusos sexuales (las otras tres por familiares).

Cientos de mujeres nicaragüenses demandaron el jueves pasado la despenalización del aborto terapéutico, en una manifestación que tenía como lema "Día de luto nacional, ninguna muerta más".

El Parlamento nicaragüense, en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, que ganó el actual mandatario sandinista, escuchó las peticiones de las iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico, que figuraba en el Código Penal desde hacía más de un siglo.

La legislación permitía practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer".

Ortega, quien se presenta a la reelección y es favorito en los sondeos para ganar los comicios del 6 de noviembre próximo, se opone a la restitución en la legislación del aborto terapéutico.

En julio pasado, una delegación de Amnistía Internacional (AI) que visitó Nicaragua pidió la restitución del aborto terapéutico para el caso de niñas víctimas de violación y mujeres cuyo embarazo ponga en riesgo su vida.

Según AI, el 98 por ciento de los países en el mundo permiten esa práctica médica.