Nueva corte constitucional asumirá mañana con tres miembros afines a Correa

Quito, 5 nov.- Ecuador contará desde mañana con una nueva Corte Constitucional con tres de sus nueve miembros propuestos por el mandatario, Rafael Correa, mientras que uno de sus asesores más cercanos se perfila como presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano que administra el sistema judicial.

Los jueces de la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad en la interpretación de la Carta Magna, asumirán su cargo en una ceremonia mañana a las 9.30 hora local (14.30 GMT) en la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral ecuatoriano.

Los tres miembros que fueron propuestos por el Ejecutivo son Patricio Pazmiño, Ruth Seni y Manuel Viteri, miembros de la actual Corte Constitucional de transición que solían votar a favor de los proyectos de Correa.

Otro integrante con vínculos con el Gobierno es Fabián Jaramillo, quien es coordinador jurídico de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades), la dependencia de planificación económica del Ejecutivo, según el diario público El Telégrafo.

También estará en la nueva corte Antonio Gagliardo, el fiscal que desestimó una denuncia del diario El Universo contra el juez Juan Paredes, quien condenó al rotativo en un proceso por injurias a Correa.

El diario mantenía que el magistrado no escribió la sentencia, sino que ésta fue cargada en su computador a través de una memoria USB externa. La exjueza Mónica Encalada, encargada durante un tiempo del caso, aseveró que Paredes le reveló que el verdadero autor era Gutemberg Vera, letrado del presidente.

Gagliardo concluyó que no se podía determinar el origen del archivo que se cargó en el "pendrive" o su autor.

También serán jueces de la nueva Corte Wendy Molina, hasta ahora asesora de Pazmiño; y Alfredo Ruiz, decano de una facultad de derecho.

Completan la lista dos personas vinculadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el cual estuvo encargado de coordinar el proceso de selección de los magistrados: Tatiana Ordeñana, integrante de ese Consejo, y María del Carmen Maldonado, asesora de su presidente.

Una Comisión Calificadora compuesta por personas nombradas por la Legislatura, el Ejecutivo y el Cpccs eligieron a los nuevos jueces tras un concurso público.

Elaboró la lista final en una reunión a finales de octubre que fue a puerta cerrada por decisión de Pamela Martínez, presidenta de la Comisión y exasesora de Correa, lo que provocó las protestas de la prensa congregada para cubrir la sesión.

Se trata de la primera Corte Constitucional constituida según las normas de la Carta Magna de 2008, que estipula que los magistrados tendrán un mandato de nueve años, sin reelección inmediata, y serán renovados por tercios, cada tres años.

Al mismo tiempo, Gustavo Jalkh, asesor de Correa y exministro, podría presidir el Consejo de la Judicatura, encargado de los presupuestos del sistema judicial y de la selección, ascensos y sanciones a magistrados, entre otras tareas.

Jalkh encabeza la terna de candidatos presentada por la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado será el presidente del Consejo, según la ley.

El órgano lo completarán otros cuatro miembros designados respectivamente por la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y el Gobierno.

El Ejecutivo es el único poder que no ha presentado aún su terna y tiene hasta mañana para hacerlo, según dijo a Efe una funcionaria del Cpccs.

Los cabeza de terna de la otras funciones del Estado también tienen vínculos con el movimiento oficialista Alianza País o el Gobierno.

Tania Arias, postulada por la Fiscalía, pertenece al actual Consejo de la Judicatura de Transición, a donde llegó con el apoyo de los legisladores de Alianza País.

Néstor Arbito, nominado por la Defensoría, fue ministro de Justicia, y Ana Karina Peralta, postulada por la Asamblea, es exviceministra de Justicia, ambos durante el actual Gobierno.

Los tres miembros del actual Consejo de Transición dejarán su cargo el próximo enero, tras un año y medio de gestión para la transformación de la justicia en Ecuador.

La oposición ha criticado esa reforma, aprobada en referendo por los ecuatorianos en mayo de 2011, porque a su juicio ha sido un mecanismo de Correa para influir en la justicia, algo que el presidente niega.