Nuevo giro en el conflicto por la deuda aumenta la incertidumbre en Argentina

Buenos Aires, 19 jun.- El anuncio de Argentina sobre la imposibilidad de pagar la deuda reestructurada en Nueva York a finales de junio, como estaba previsto, aumentó hoy la incertidumbre sobre el riesgo de que el país caiga en suspensión de pagos.

Después de que el Ministerio de Economía, que encabeza Axel Kicillof, anunciara que el nuevo giro de la Justicia estadounidense contra Argentina imposibilita el pago de los compromisos adquiridos con los acreedores en los plazos previstos, el Gobierno cargó hoy contra una decisión que considera "parcial" y que, a su juicio, pretende "fulminar" el proceso de reestructuración de la deuda.

La Bolsa de Buenos Aires abrió hoy a la baja y perdía más de un 3 por ciento a media sesión, mientras en la plaza de Wall Street empresas de bandera, como la petrolera YPF, continuaron acusando el golpe y registraban descensos.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto el miércoles una medida cautelar (stay) que mantenía en suspenso la ejecución de la sentencia de Thomas Griesa, el juez que falló a favor de los fondos especulativos en el juicio contra Argentina.

Un giro que, en la práctica, abre la puerta a la ejecución de pagos a los fondos especulativos denunciantes, que reclaman una deuda de 1.300 millones de dólares, que se incrementaría hasta los 1.500 millones con los intereses acumulados.

Este nuevo escenario complica aún más la situación de Argentina, que analiza sus opciones para evitar caer en un "default" (suspensión de pagos) técnico tras la reunión mantenida el miércoles en Nueva York entre los abogados argentinos y el juez Thomas Griesa.

Las filtraciones recogidas por medios locales sobre los comentarios de Griesa tras la reunión no han contribuido a suavizar el clima de tensión.

Según estas versiones, el juez habría expresado sus dudas sobre la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos y habría incluso comentado su malestar por el discurso de la presidenta argentina en el que advirtió que una cosa es tener voluntad de negociación y otra estar sometido a una "extorsión".

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, criticó hoy los supuestos comentarios del juez y advirtió que "cuando un juez promueve tamaña parcialidad entre las partes, no es equitativo".

"Si la justicia es equilibrio, el juez (Thomas) Griesa promueve profundamente el desequilibrio y eso no es justicia", insistió el funcionario en su rueda de prensa diaria.

Además, para el Gobierno, la eliminación de la cautelar que evitaba un embargo de bienes argentinos "promueve un sistema donde los fondos buitre tienen un incentivo a ejecutar la medida y no negociar", subrayó.

A su juicio, esta decisión "confirma la verdadera intencionalidad" de "fulminar" el proceso de reestructuración de la deuda argentina tras la crisis económica de 2001 porque "altera todas las condiciones de reestructuración".

"La voluntad de pago de Argentina no puede ser puesta en duda por el juez Griesa ni por nadie", concluyó Capitanich, que adelantó también que, por el momento, no viajará una delegación argentina a Nueva York para reunirse con el magistrado pese a que se mantiene una nueva reunión prevista para la próxima semana.

El conflicto ha convertido el tema de la deuda en una cuestión de Estado en Argentina y, salvo excepciones, los principales líderes políticos, y los que tienen más posibilidades de suceder a Cristina Fernández en la Casa Rosada, han coincidido en la necesidad de "cerrar filas" con el Gobierno en la defensa de los intereses del país.

Argentina arrastra desde hace décadas un grave problema con la deuda que se agudizó tras el crack económico y social de 2001.

En 2005 y 2010 reestructuró su deuda con canjes que lograron un 92 por ciento de adhesión, con importantes quitas en los montos originales, aunque parte del resto de acreedores vendió sus bonos a fondos especulativos que ahora reclaman el pago íntegro de las cantidades originalmente adeudadas.

De avanzar en esta demanda, según el Gobierno argentino, el país se vería obligado a desembolsar un primer pago de 1.500 millones de dólares y se abrirían las puertas a demandas por hasta 120.000 millones de dólares.