México, 7 dic.- Casi un centenar de organizaciones civiles entregaron hoy al Gobierno mexicano más de 18.000 firmas ciudadanas que respaldan la petición para que suscriba y ratifique el protocolo facultativo de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
"Este instrumento es fundamental para contar con un mecanismo internacional de acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales", señalaron en un comunicado.
Las organizaciones civiles demandaron al Gobierno firmar "sin mayor demora y sin reservas" el protocolo, impulsar su ratificación en el Senado y reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) para los procedimientos de investigación y quejas.
"México debe mostrar su compromiso real con estos derechos, no demorando más esta trascendental decisión", añadieron las agrupaciones tras entregar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) las firmas que respaldan el llamado al presidente Felipe Calderón.
El protocolo facultativo, que aún no entra en vigor, permitirá a las personas, grupos o comunidades presentar denuncias ante el CDESC por violaciones de sus derechos, entre ellos al trabajo, a la alimentación, vivienda, seguridad social, educación y cultura.
Este instrumento fue adoptado de manera unánime por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2008 y abierto a firmas y ratificaciones desde el 24 de septiembre de 2009.
Para su entrada en vigor se requieren 10 ratificaciones, pero hasta la fecha sólo cuenta con 5, a pesar de que 39 países ya lo suscribieron.
Los firmantes reconocieron hoy el importante papel que el Estado mexicano jugó en la etapa de negociaciones del protocolo pero manifestaron su preocupación por el hecho de que aún no ha firmado ni ratificado el mecanismo.
El Gobierno de México tiene la "oportunidad de mostrar el compromiso real con estos derechos, siendo uno de los diez primeros países en ratificarlo", destacaron.
Entre las organizaciones firmantes están la secciones México de Amnistía Internacional (AI) y Greanpeace, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Fronteras Comunes, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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