La Paz, 15 may.- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó hoy los "actos de violencia" en las protestas que vive el país y pidió que el Gobierno y los sindicatos "se empeñen en un diálogo franco" para solucionar el conflicto por la ley de pensiones.
La institución dijo en un comunicado que desde el pasado 5 de mayo la violencia ha provocado, según diversas fuentes, treinta heridos, además de cien personas detenidas y después liberadas.
La Central Obrera Boliviana (COB) encabeza las movilizaciones, que hoy cumplen diez días, para exigir al Gobierno boliviano una reforma en la ley de pensiones para incrementar el pago de las jubilaciones.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló su preocupación en particular por dos trabajadores heridos, "al parecer por impactos de bala", en la región central de Cochabamba el pasado 6 de mayo, y por el secuestro de tres policías durante dos días por parte de mineros.
Asimismo, la ONU recalcó que "el uso frecuente de dinamita por parte de ciertos manifestantes" viola un decreto de 2012 que prohíbe el uso de explosivos en las movilizaciones sociales.
Además, llamó la atención sobre la utilización por parte de un grupo de manifestantes de una ambulancia con signos de la Cruz Roja local, transportando "material explosivo, lo que constituiría un delito y una grave violación del Derecho Internacional".
Dirigentes sindicales denunciaron también "por su parte en distintas oportunidades el uso excesivo de la fuerza durante los operativos de la Policía para controlar las protestas", agregó.
Los "numerosos bloqueos de carreteras y calles de distintos lugares del país" ocasionan perturbaciones al transporte público y privado, así como "cuantiosas pérdidas económicas y daños a la infraestructura vial", destacó la ONU en su comunicado.
También citó lo sucedido el pasado 8 de mayo, en la zona de Caihuasi, departamento andino de Oruro, donde los manifestantes causaron graves daños a un puente con una carga de dinamita.
La institución instó a las autoridades a que investiguen todos los actos de violencia ocurridos durante las protestas, incluyendo las posibles violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública, y pidió que se sancione a los responsables.
La oficina local de la ONU también alentó al Estado y las partes involucradas para que "se empeñen en un diálogo franco y constructivo que conduzca a acuerdos satisfactorios para todas las partes, renunciando a todo tipo de acto violento".
El Gobierno del presidente Evo Morales acusó hoy a los sindicatos de planear acciones de conspiración con consignas contra el mandatario y la amenaza de ocupar aeropuertos del país, lo cual han rechazado los líderes de la COB.
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