La oposición afea a Madrigal la "tensión" generada por criticar la operación en la Alcaldía de Granada

La oposición ha cuestionado la autonomía de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, por el comunicado en el que el Ministerio Público rechazó la detención y registro en la vivienda del exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) en el marco de la investigación sobre una presunta trama de corrupción en esta ciudad.

PSOE, Podemos y Ciudadanos, entre otros, han censurado que la Fiscalía provocara "perplejidad" en la ciudadanía y "tensión" entre los mandos policiales al informar, de forma "inusual", favorablemente de la práctica de todas las diligencias salvo en lo relativo a la detención y registro en la vivienda del entonces regidor granadino, al considerar que fueron "medidas intrusivas".

Los grupos parlamentarios han centrado en las medidas anticorrupción sus principales preguntas en la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de la fiscal general, Consuelo Madrigal, para dar cuenta de la memoria de esta institución relativa al año 2014. La oposición ha pedido mayor transparencia e independencia y sólo el PP, con la intervención de la diputada María Jesús Moro, ha puesto en valor su "rigor y competencia".

El portavoz socialista, Juan Carlos Campo, ha llamado la atención sobre los "pactos lacerantes" entre la Fiscalía y los acusados, citando los casos de corrupción "del Levante español". Además, ha pedido secciones provinciales especializadas en la lucha anticorrupción y una mayor protección para los denunciantes que sufren "una verdadera persecución" y "han llegado a perderlo todo".

La oposición, en línea con lo aprobado en la última Comisión de Justicia, ha transmitido a la fiscal general su preocupación por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) al entender que abre la puerta a la impunidad al limitar los plazos en la instrucción de las causas declaradas de especial complejidad. En concreto, le han pedido mayor contundencia a la hora de mostrar su objeción en este tema.

Desde Podemos, la diputada Victoria Rosell se ha referido al "conato de rebelión" de los fiscales de Cataluña cuando se negaron a abrir una causa por la convocatoria de la consulta del 9N. En este sentido, ha reclamado "no entrar en el juego de dar respuestas jurídico-penales a problemas que son políticos", al considerar que esto penaliza la independencia de la Fiscalía y supone un "fracaso".

En esta línea también se han pronunciado los grupos de DL y ERC, que han rechazado que se reabran causas como la de los silbidos durante la final de Copa del Rey de 2015 entre el FC Barcelona y el Athletic Club. En su opinión, se trata de un agravio comparativo como el que se produce cuando la Fiscalía actúa contra comentarios en redes sociales por delitos de enaltecimiento del terrorismo y no así cuando esos comentarios alientan el odio contra Cataluña.

En su rechazo a la "criminalización del independentismo", el portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha sostenido que la opinión generalizada en el País Vasco es favorable a la "humanización" en el cumplimiento de las condenas para los condenados por el terrorismo de ETA.

LEJOS DE LA CIUDADANÍA

El responsable de Ciudadanos, Marcial Gómez, ha señalado que "a veces se echa en falta" que la Fiscalía se posicione "del lado de la ciudadanía" en cuestiones como la petición de eliminar las tasas judiciales a colectivos como ONG y pymes. "No reserven todas sus energías a criticar LexNET", ha dicho en referencia al sistema de notificación telemática de uso obligatorio desde el 1 de enero y "elemento de zozobra en abogacía y fiscalía", según puntualizó el PSOE.

Victoria Rosell ha ido más allá al citar entre los temas en los que la Fiscalía no actúa con la debida eficacia a casos como el de los desahucios, la siniestralidad laboral, la violencia contra la mujer o el rechazo a los límites a la jurisdicción universal.

Además, ha cuestionado el papel del Ministerio Público en la falta de "compromiso" para acabar con los casos de torturas o en la detención y encarcelación de los dos titiriteros que actuaron en el carnaval de Madrid. "En este país se mete demasiado en prisión para la escasa criminalidad que hay", ha sostenido la juez en excedencia.

Los grupos minoritarios han reprochado a Madrigal la posición del fiscal Pedro Horrach en su papel de "defensa" de la Infanta Cristina en el juicio que se sigue en Palma por el 'caso Nóos', tal y como ha sostenido Ester Capella, de ERC. El diputado de Compromís, Enric Bataller, ha recordado las causas contra Carlos Fabra y Rita Barberá para defender una reforma del Código Penal que inste a la disolución de los partidos que "sistemáticamente se hayan financiado por vía ilegal".