Madrid, 20 feb.- Cuarenta organizaciones sindicales y sociales han firmado un manifiesto en defensa del estado de bienestar y los servicios públicos con capacidad para gestionar, entre otras cuestiones, las pensiones, las prestaciones por paro, la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.
De acuerdo con los principios que contiene el manifiesto, las entidades firmantes han constituido la Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos con el fin de trasladar a la sociedad un modelo social "basado en la justicia, los valores democráticos y los derechos sociales y laborales".
Entre los firmantes del manifiesto se encuentran organizaciones tan dispares como CCOO, UGT, el sindicato Unificado de Policía (SUP), FACUA, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la de Padres y Madres de alumnos (CEAPA) o la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, junto a representantes de dichas organizaciones han presentado hoy el manifiesto en rueda de prensa y han anunciado que el 5 de marzo se reunirán para establecer el primer programa de trabajo.
La plataforma, que estará abierta a la integración de cualquier entidad que comparta sus objetivos, defenderá el estado de calidad y velará especialmente por la calidad de la prestación de los servicios públicos, según ha explicado Toxo.
Ante el recorte del gasto social, esta nueva entidad estará "muy atenta" a los presupuestos generales de 2012 que todavía están pendientes de aprobar por el Gobierno, ha señalado el líder de CCOO.
Para Méndez, "la dinámica de degradación" general de los servicios públicos y del estado de bienestar ponen de manifiesto que la definición de lo establece la Constitución al respecto está siendo defraudada.
Para Méndez, los problemas de los sectores públicos y su defensa "no puede ser cometido estricto de los sindicatos" y requieren el concurso de todas las expresiones de la sociedad civil, de las que ha dicho "somos una más".
El manifiesto señala que la crisis ha aumentado las desigualdades sociales y que en España, a la desigual distribución de la renta se ha unido un "injusto" sistema tributario, que sus firmantes consideran regresivo.
Añade que la nueva estrategia europea se orienta hacia el saneamiento de las variables macroeconómicas y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad en detrimento de los derechos sociales y los servicios públicos.
Por ello, alerta de que las propuestas "neoliberales" sirven a los Gobiernos como pretexto para no ejercer la financiación, gestión y regulación de los servicios públicos.
Los firmantes piden ampliar el plazo del cumplimiento de los objetivos de déficit y critican la reforma constitucional que lo limita, porque introduce un límite adicional a las posibilidades de desarrollo del modelo social y subordina los objetivos sociales del sector público a los intereses de mercado.
También consideran que la protección integral y la universalización de la cobertura de las prestaciones sociales son una parte "indispensable" del estado social y defienden la gestión pública para acceder los servicios públicos de forma universal, incluido el ámbito rural, unido a una adecuada acción inspectora que evite "desviaciones en su gestión".
Exigen además la reorientación de la política económica hacia criterios de "sostenibilidad y equidad" como eje de la recuperación, y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a través del corte del gasto.
Además, reclaman un sistema fiscal progresivo y el reforzamiento de la democracia a través de la negociación, la concertación y la participación. EFE
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